La reforma restablece, luego de 43 años, el aporte patronal de un 7%, que permitirá mejorar los niveles de rentas que actualmente perciben los jubilados, así como la consolidación y el incremento de la “Pensión Garantizada Universal” para las personas mayores de 65 años, que no pertenecen al segmento de ingresos más altos de la sociedad.
31/01/2025 (Ciudad de México). Los modernos sistemas de previsión social y jubilatorios, en base a aportes patronales y laborales, surgieron en Alemania. En 1898, el Canciller Otto von Bismarck, para calmar la agitación socialista en el movimiento obrero, presentó varios proyectos legislativos al Reichstag (Parlamento), sobre enfermedades y accidentes de trabajo, maternidad de las obreras, invalidez y vejez, que fueron consolidados en 1901, en el “Código de Seguros Sociales”.
Décadas después, esta noción de protección laboral (seguro social), se ampliaría hacia un nuevo concepto de Seguridad Social, que abarque a toda la población vulnerable. Fue después de la Gran Depresión de 1929, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt puso en vigencia la “Social Secutiry Act” en agosto de 1936, en respuesta a los grandes avances en derechos populares que se lograron en la Unión Soviética.
En América Latina, fue México que incorporó varios derechos sociales dentro de su Constitución de febrero de 1917, anterior a la Revolución Rusa de octubre del mismo año y a la avanzada Constitución del Weimar en Alemania, en 1919. A lo largo del siglo veinte, México, Uruguay y Chile fueron los países latinoamericanos con los más avanzados sistemas de seguro social a corto plazo (atención médica) y a largo plazo (jubilaciones) para la clase obrera, bajo administración estatal.
Pero llegó el neoliberalismo, instaurándose de manera violenta en Chile, luego del golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende en septiembre de 1973. Ocho años después, en 1981, la dictadura militar de Augusto Pinochet procedió a privatizar los fondos de retiro laboral, acabando con los sistemas de aporte de los trabajadores en activo a una bolsa común y de reparto solidario para los jubilados, eliminando el aporte patronal, y entregando el manejo de los ingentes ahorros laborales a las administradoras privadas.
Esta vía sustitutiva, que cerró el sistema público de pensiones y lo reemplazó por un sistema privado, fue copiado por Bolivia y México en 1997, por El Salvador en 1998, y por República Dominicana en 2003. Argentina, Uruguay, Costa Rica y Panamá optaron por un modelo mixto, que preservó el pilar público y creó un pilar privado diferenciado. Perú y Colombia experimentaron con un modelo paralelo, en que el sistema público y el sistema privado compiten entre sí.
El modelo previsional chileno, que se basa en la capitalización individual por cada trabajador, y la administración privada de las pensiones (AFPs), se fue desgastando con el tiempo, generando rendimientos de inversión cada vez más modestos, con lo que los montos de las pensiones jubilatorias eran cada vez más bajos. En las grandes movilizaciones populares, que se conocieron como el “Estallido Social” del 2019, una de las grandes demandas era una reforma del sistema de pensiones, que restableciera la administración público-estatal, acabando con las odiadas AFP´s, repusiera el aporte patronal y aumentara el monto de las rentas jubilatorias.
El gobierno de Gabriel Boric, que asumió en marzo de 2022, fue el depositario de grandes esperanzas obreras y populares, que se fueron desvaneciendo conforme pasaba el tiempo y ninguna de las grandes reformas prometidas se hacía realidad, por la falta de apoyo de un Congreso dominado por las bancadas de la derecha y la ultraderecha.
La reforma de pensiones que se acaba de aprobar en Chile, fue largamente debatida y tuvo que ser recortada desde el proyecto original. Luego de un acuerdo político entre el gobierno de centroizquierda y la bancada de “Chile Vamos”, que reúne a la derecha tradicional, se pudo aprobar con el respaldo de 110 diputados, 38 que votaron en contra y algunas abstenciones, en una Cámara que tiene 155 bancas.
La reforma restablece, luego de 43 años, el aporte patronal de un 7%, que permitirá mejorar los niveles de rentas que actualmente perciben los jubilados, así como la consolidación y el incremento de la “Pensión Garantizada Universal” para las personas mayores de 65 años, que no pertenecen al segmento de ingresos más altos de la sociedad.
Sin embargo, se mantienen tanto la capitalización individual como la administración privada de los fondos de pensiones, que constituyen el núcleo del modelo neoliberal de seguridad social de largo plazo en Chile.
