Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (BUEN GOBIERNO), detalló que se derogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se reformarán diversas leyes relacionadas.
31/01/2025 (Ciudad de México). Luego de la desaparición de diversos órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el derecho de la ciudadanía a la información en poder del Estado se mantiene con diversos cambios a la ley para para redistribuir dicha obligación gubernamental en distintas dependencias.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (BUEN GOBIERNO), detalló que se derogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se reformarán diversas leyes relacionadas, incluyendo la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Estas reformas buscan simplificar el marco legal y adaptarlo a la nueva estructura institucional y la responsabilidad que adquirió esta dependencia luego de la reforma constitucional en la materia. Buenrostro destacó que con los cambios la secretaría podrá atender el 80% de la carga de trabajo del INAI con sólo el 35% de su estructura, lo que representará un ahorro del 65% en costos administrativos.
¿Cómo se garantizará la información?
Entre las novedades de estos cambios se encuentra la creación de un órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, que se encargará de gestionar el acceso a la información pública. Además, se crearán 18 autoridades de transparencia a nivel federal, que dependerán de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos, según sea el caso. A nivel local, se establecerán órganos de transparencia en cada entidad federativa por cada una de sus autoridades.
En cuanto a la Plataforma Nacional de Transparencia, donde actualmente se puede encontrar desde el sueldo de cada servidor público como la mayoría de los contratos gubernamentales firmados, ésta continuará operando y será regulada por ley para garantizar su continuidad y evitar la pérdida de información histórica. Como nueva medida, se implementará un sistema de validación criptográfica para prevenir alteraciones en los datos almacenados en la plataforma.
Por otro lado, BUEN GOBIERNO asumirá la responsabilidad de proteger los datos personales, función que originalmente correspondía al Ejecutivo desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), antecesor del INAI. Habrá 16 entidades responsables en los distintos niveles de gobierno, garantizando la regulación tanto de datos en posesión del sector público como de empresas privadas.
Finalmente, los mecanismos de defensa para los ciudadanos se mantendrán, pero en lugar de ser resueltos por un único instituto, serán atendidos por 18 autoridades. En caso de que alguna respuesta dada por algún sujeto obligado sea impugnada, ya sea por no dar la información solicitada o por darla de manera incompleta, ahora esto será revisado por jueces especializados, en lugar de jueces administrativos, por lo que no se centrarán en revisar únicamente el procedimiento, sino el fondo de la solicitud/respuesta.
Pese a los sonados casos de corrupción al interior del INAI, partidos como el PRI o el PAN aseguraban que este órgano era el único capacitado para garantizar la transparencia. Así, su desaparición fue la punta de lanza de la oposición política para criticar la extinción de los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs). De acuerdo a sus argumentos, con su desaparición el Gobierno Federal buscaba concentrar el poder, así como evadir su responsabilidad de hacer pública la información generada por el Estado.
Sin embargo, tras la reforma y frente a los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal, ahora la responsabilidad de transparentar quedará a cargo de cada sujeto obligado a rendir cuentas, pero con la garantía de que en caso de no cumplir con esta responsabilidad, se podrá recurrir a autoridades que revisen cada caso a fondo.
