La importancia de esta decisión radica en que México busca establecer un precedente legal que obligue a la industria armamentista estadounidense a asumir responsabilidad por el tráfico ilícito de armas y sus consecuencias .
29/01/2025 (Ciudad de México). La reciente decisión de una jueza federal en Arizona de no suspender la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra vendedores de armas en ese estado representa un avance significativo en la lucha del país contra el tráfico de armas.
Esta demanda es una de las dos que México ha presentado en Estados Unidos para responsabilizar a la industria armamentista de los daños causados en su territorio. El punto toral son las prácticas negligentes que estas empresas mantienen y que facilitan ampliamente la compra del armamento por parte del crimen organizado en México.
En su argumentación, la jueza Rosemary Márquez enfatizó que en la demanda de México se señala un daño continuo y de gran magnitud a causa del tráfico de armas, por lo que la suspensión del caso obstaculizaría el objetivo de buscar medidas cautelares para mitigar estos daños. Con esta decisión se permite que el proceso judicial avance, lo que representa una victoria para México en su esfuerzo por responsabilizar a la industria armamentista estadounidense de los daños causados por sus productos.
La importancia de esta decisión radica en que México busca establecer un precedente legal que obligue a la industria armamentista estadounidense a asumir responsabilidad por el tráfico ilícito de armas y sus consecuencias . Según el gobierno mexicano, las armas fabricadas y vendidas en Estados Unidos son utilizadas por el crimen organizado, contribuyendo a la violencia y la inseguridad en el país.
Este tránsito de armas también ha sido señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien recientemente confirmó que el 74% de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos proviene ilegalmente de estados como Arizona, California, Nuevo México y Texas. Este flujo constante de armamento ha contribuido significativamente al fortalecimiento de los grupos criminales en México, mismos que ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca calificar como “terroristas” ante la letalidad que mantienen al amparo de las armas estadounidenses.
Las dos demandas de México
Aunque el camino legal aún es largo y complejo, el fallo permite que el proceso avance y mantiene viva la posibilidad de que México logre establecer precedentes legales que contribuyan a frenar el flujo de armas hacia el país.
La estrategia legal actualmente tiene dos frentes abiertos. El primero, cronológicamente, es la demanda presentada en Massachusetts en agosto de 2021. En ella se acusa a fabricantes de armas como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett de prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito de armas hacia México. Esta demanda, que reclama 10 mil millones de dólares en daños, fue inicialmente desestimada por un juez federal en 2022, pero un tribunal de apelación revocó el fallo en enero de 2024, permitiendo que el caso avance. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está revisando esta demanda.
La segunda demanda, presentada en Arizona, se dirige contra las empresas armamentistas SnG Tactical, Ammo AZ, Diamondback Shooting Sports, Sprague’s Sports y The Hub. Bajo el pretexto de que la primera demanda se encuentra siendo analizada por la Corte Suprema de su país fue que estas empresas solicitaron la suspensión del litigio, argumentando que la decisión del tomada podría influir en su caso. Sin embargo, la jueza Márquez rechazó esta solicitud bajo los argumentos reseñados.
