10/01/2025 (Ciudad de México). La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reafirmado su compromiso de garantizar los recursos necesarios al Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de la elección judicial programada para el domingo 1 de junio de 2025. Tras una reunión en Palacio Nacional, la presidenta se comprometió con los once consejeros del INE y enfatizó la importancia de la transparencia en el uso de los fondos asignados para este proceso histórico en el que por primera vez se permitirá la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo a lo trascendido luego del encuentro, los consejeros electorales solicitaron una ampliación presupuestal de entre mil y mil 500 millones de pesos adicionales a los 6 mil 219 millones ya aprobados por el Congreso para la reforma judicial. Por su parte, la presidenta señaló que, antes de considerar este monto adicional, es fundamental que el INE detalle y justifique cómo se utilizarán los recursos, asegurando una administración eficiente y transparente de los mismos.
En este sentido, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del órgano electoral, afirmó que durante la reunión en Palacio Nacional detallaron de manera formal la importancia de más presupuesto para la “contratación adicional de nuestros supervisores, capacitadores y asistentes electorales, así como incremento en los montos para la difusión, porque sólo estará el instituto haciendo la propaganda; capacitación mejorada, asistencia jurídica y técnica para el tema de los cómputos”.
Recursos de los fideicomisos del la Suprema Corte al INE
Para concretar este aumento presupuestal, Guadalupe Taddei sostendrá otra reunión con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien también estuvo presente en la celebrada en Palacio Nacional. Con todo esto, tanto el órgano electoral como el Ejecutivo federal esperan poder incrementar el número de casillas a instalarse.
Actualmente, el INE propuso que con el presupuesto autorizado de 6 mil 329 millones de pesos, únicamente instalaría 80 mil centros de votación, a diferencia con el proceso electoral de 2024 cuando se instalaron 172 mil casillas en todo el país.
Como adelanto a esta ampliación, la presidenta Claudia Sheinbaum también recordó que para esto ya se han considerado los recursos concentrados en los fideicomisos manejados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto de los órganos del Poder Judicial. En suma, estos fondos contienen más de 17 mil millones de pesos, pero su regreso a la Tesorería de la Federación se ha visto obstaculizada por diversos litigios provenientes del mismo Poder Judicial.
Hasta el momento, la Suprema Corte sólo ha devuelto poco más de 800 millones, mismos que podrían destinarse para la elección judicial y con lo cual se podría cubrir más de la mitad de los solicitado por el INE.
El Poder Judicial contra la elección popular
Además de los litigios emprendidos para no devolver los recursos de los fideicomisos, jueces y magistrados del Poder Judicial han promovido otros juicios en búsqueda de impedir que los Comités de Evaluación cumplan con sus funciones. En medio de esto, el pasado martes 7 de enero, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendieron el proceso de evaluación para el que fueron convocados de manera honorífica.
Por esta acción, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz solicitaron al pleno de la Corte ordenar la reanudación de la selección de candidatos del Poder Judicial, mientras que la ministra Lenia Batres ha solicitado la destitución de los integrantes de dicho comité. En coincidencia, las tres ministras señalan que estos comités no tienen facultades para suspender dicho proceso, además de que los litigios emprendidos para este fin carecen de sustento jurídico.
En todo caso, ha señalado Batres, este “ordenamiento” de suspensión por parte del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Michoacán, debió haber sido turnado al pleno de la Suprema Corte para que fuera revisado y resuelto por los ministros. Además, adelantó que este tipo de recursos son inviables ya que así mismo lo señala la Ley de Amparo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló durante su habitual conferencia matutina que el proceder del Comité de Evaluación del PJF contraviene directamente a la resolución del Tribunal Electoral, el cual determinó la inviabilidad de los amparos en este proceso desde los juzgados locales o federales ya que la elección judicial recae en el ámbito comicial, donde sólo tiene facultades dicho tribunal como máxima autoridad en la materia.
En el mismo sentido se han pronunciado legisladores. Entre ellos, el senador y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha asegurado que los aspirantes inscritos ante el Comité del Poder Judicial tienen asegurado sus derechos, por lo que podrían ser trasladados a alguno de los otros dos comités.
