09/01/2025 (Ciudad de México). En una firme solicitud para fortalecer la seguridad en la región, el Gobierno de México ha instado a Estados Unidos a intensificar sus esfuerzos para detener el flujo ilegal de armas a través de la frontera compartida. Este llamado se produce en el contexto de una estrategia del gobierno mexicano para frenar la violencia armada, alimentada en gran medida por armas de fuego que ingresan ilegalmente desde Estados Unidos.

Durante su habitual mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la cooperación bilateral para abordar este problema. “El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce que el 74% de las armas que se incautan en México provienen de su territorio”, señaló, y precisó que este dato subraya la necesidad de una acción coordinada y efectiva entre ambos países para frenar el flujo de armas ilegales que alimentan la violencia en México.

Sheinbaum también expresó su confianza en que la administración de Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, continúe con la estrecha colaboración con México en este esfuerzo. Como parte de esta colaboración, durante las administraciones del ex presidente López Obrador y del saliente Joe Biden se instalaron mesas bilaterales en las que se atendieron diversos temas en común, como la migración, el trasiego de drogas y el tráfico de armas. Fue en estos espacios donde por primera vez un alto funcionario estadounidense, el embajador Ken Salazar, reconoció que “las armas que llegan a México, con las que se genera violencia en este país, llegan de Estados Unidos, manufacturadas por empresas de allá”. Hasta el momento, ni Trump ni su equipo se han pronunciado sobre la continuidad de estos diálogos.

El fiscal Gertz Manero alerta de una “conspiración”

Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, calificó los datos del informe como “muy graves”, enfatizando que la capacidad de fuego de los cárteles delictivos en México se sustenta en las armas provenientes de Estados Unidos. “Toda la fuerza de los cárteles delictivos está en su capacidad de fuego, está en su armamento y lo sufrimos a diario”, señaló.

Frente a este poder letal, Gertz Mamerto señaló que las fuerzas de seguridad de México enfrentan un gran reto para contener y frenar la violencia que desatan, ya que el armamento que consiguen mediante el mercado negro proveniente de Estados Unidos es de gran calibre, lo que les proorciona “una capacidad de fuego que no se había visto nunca”.

Además, sostuvo que como parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía es posible identificar “toda una especie de conspiración” para que las armas penetren fácilmente en México y así puedan llegar a los grupos criminales. De acuerdo al fiscal, esta teoría tiene una de sus bases en los múltiples obstáculos con los que México se enfrenta al momento de realizar solicitudes de rastreo de las armas decomisadas, principalmente porque las solicitudes hechas pueden tardar meses en ser proporcionadas a las autoridades mexicanas, retrasando así las investigaciones correspondientes.

Como parte de estas indagaciones, desde la administración de López Obrador se ha iniciado un proceso legal en Estados Unidos en contra de fabricantes de armas de aquel país. Como base, el Gobierno de México argumenta que estas empresas mantienen prácticas comerciales negligentes que facilitan el acceso de armas a grupos criminales a territorio mexicano.

Al respecto, el fiscal ha cuestionado la cadena de producción y comercialización de dichas armas, ya que existe un claro control para su fabricación, pero a partir de su comercialización “todos los esfuerzos mexicanos para poderle dar seguimiento a las armas que estamos deteniendo aquí, se encuentran con un tope dentro del sistema estadounidense”.

Actualmente, la demanda hacia las empresas armamentísticas se encuentra en la Corte Suprema de Estados Unidos luego de diversos intentos por no permitir su avance en el sistema de justicia estadounidense.