03/12/2024 (Ciudad de México). En la ciudad de Bogotá, un crucial avance ha tenido en el Congreso colombiano la aprobación de la “Ley del Sistema General de Participaciones”, que incorpora una reforma que permitirá al Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, transferir de manera directa mayor cantidad de recursos económicos a las administraciones locales de los Departamentos y Municipios. 

Esta norma será complementada por otra “Ley de Competencias” en salud, educación y saneamiento básico que comienzan a debatir los legisladores. La lógica es que de poco serviría entregar dinero público a las regiones, si es que el Estado Central no delega mayores roles y atribuciones, bajo la forma de competencias, a las Gobernaciones y Alcaldías.

En Colombia, que logró su independencia de España en 1819, tuvo que pasar más de siglo y medio para que, recién en 1987, durante el gobierno del liberal Virgilio Barco, se aprobara el Decreto 77, que pasó a ser conocido como el “Estatuto de Descentralización” que estableció la entrega de recursos económicos y competencias legales a las administraciones municipales. 

Fue un intento de democratizar la sociedad, que estaba fuertemente golpeada por la guerra contra el Estado declarada por los carteles del narcotráfico (tanto en Cali como en Medellín), y por la violencia genocida del paramilitarismo. Fue en ese contexto que se realizó, en 1991, la Asamblea Constituyente que aprobó una Constitución Política, que define al Estado como una República Unitaria descentralizada, con autonomía para las entidades territoriales, como parte de la modernización del país.

Las décadas siguientes fueron cristalizando una estructura de gobierno con un nivel nacional que, en lo que se refiere al desarrollo, tiene a su cargo las políticas macroeconómicas (fiscal, monetaria, productiva) y de manejo de recursos naturales renovables y no renovables. Pero también existen las entidades territoriales autónomas, que se encargan de garantizar los servicios públicos locales, especialmente la educación y la salud. Se avanzó en la elección mediante voto popular de gobernadores y alcaldes, que ya no son designados desde el Palacio de Nariño en Bogotá, que era como obraban los gobiernos tradicionales casi todo el siglo veinte.

Para la izquierda colombiana, este tiempo también ha sido de aprendizajes, y una de las lecciones es que, en el nivel nacional, pueden surgir proyectos de transformación como el que encabeza Gustavo Petro, pero en lo local tienden a prevalecer las derechas. Por ello, es importante también que el programa de las transformaciones atienda las reivindicaciones de autonomía local. 

Es cierto que estas reformas democratizadoras forman parte del programa liberal, uno de cuyos exponentes fue el ex presidente Ernesto Samper Pizano, que gobernó Colombia entre 1994 y 1998, y que contó dentro de su equipo de gobierno a Juan Fernando Cristo, como su Consejero de Comunicaciones. Por esos años, el actual presidente Gustavo Petro, ya era representante (Diputado) en el Congreso.

Es importante mencionar a Juan Fernando Cristo, porque se incorporó en julio de este año al Gobierno de Petro, ocupando el estratégico cargo de Ministro del Interior, como parte de los acuerdos que la izquierda progresista logró con la fracción más de izquierda del Partido Liberal Colombiano. Lo relevante de este entendimiento es que se asumió, en forma conjunta, el programa de reformas sociales, unas que venían siendo impulsadas por el presidente izquierdista, como la reforma de pensiones, la reforma de salud, la reforma laboral y la reforma agraria, y otras que impulsaban los liberales, como la reforma descentralizadora.

Petro tuvo la habilidad de incorporar la reforma descentralizadora como parte de la consolidación de un Nuevo Modelo de Desarrollo Participativo, basado en la descentralización y la autonomía económica de las regiones, que el gobierno de izquierda asume como parte del “Gran Acuerdo Nacional”, que propone construir en Colombia para las siguientes décadas.