21/11/2024 (Ciudad de México). Pasó mucho tiempo, demasiado considerando que estamos hablando del peor genocidio en el planeta en lo que va del siglo veintiuno. Conforme transcurrían los meses y aumentaba el número de palestinas y palestinos asesinados por bombardeos incesantes y sistemáticos del ejército y la fuerza aérea israelíes en toda la Franja de Gaza, más legitimidad y credibilidad perdía la Corte Penal Internacional (CPI). Recordemos que la CPI es el máximo tribunal mundial para el enjuiciamiento de graves crímenes internacionales, tales como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
Pero finalmente llegó el día. Ayer la Corte Penal Internacional emitió en La Haya las órdenes de arresto mundiales contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y contra su ex ministro de defensa, Yoav Gallant, por considerarlosmáximos responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023. Recordemos que ese día, Israel comenzó la invasión de Gaza, en una desmedida y desproporcionada represalia, por la incursión que día antes había efectuado el grupo armado islamista Hamás en la parte sur de Israel.
Seguramente dentro de algunos años sabremos la verdad histórica respecto de si es cierto que el servicio secreto israelíe (el Mossad), no conocía de los planes de incursión de la radical milicia palestina. Pero lo cierto es que ocurrió, por lo que el Tribunal Internacional también emitió una orden de arresto contra el jefe de Hamás, Mohamed Deif, al que Israel considera muerto en una de las muchas operaciones militares en la Franja. También quedará para la historia establecer si la acción de Hamás -haya conocido o no Israel su preparación- constituyó laintentona que permitió el despliegue de la enormemente superior maquinaria bélica, enviada por Netanyahu, con las características genocidas y criminales que hoy se están juzgando.
Luego de seis meses de análisis, el Alto Tribunal ha concedido la petición formulada por el fiscal británico Karim Khan, otorgándole la razón en su fundamentación de que los máximos representantes del gobierno israelí son culpables y deben ser enjuiciados. Atrás quedaron, demolidas jurídicamente, las argumentaciones de los abogados que defendían a Netanyahu y Gallant, que afirmaron que Israel “se limitó a responder a la agresión, haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa”. También fueron rechazados sus alegatos respecto a que la CPI no tenía jurisdicción en este asunto.
Ni siquiera pudo evitar la decisión judicial, el intenso lobby del gobierno de los Estados Unidos en favor de los líderes israelíes. Como se sabe, el presidente Joe Biden se convirtió en uno de los pocos presidentes que justifican las acciones militares israelíes en Medio Oriente lo que, por cierto, le pasó factura a Kamala Harris en las elecciones presidenciales y legislativas de Estados Unidos. Hoy la Casa Blanca afirmó que “rechaza categóricamente las precipitadas órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, por cuanto la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción válida”.
El caso del gobierno alemán es llamativo por lo patético. El canciller socialdemócrata Olaf Scholz hizo las veces de oficioso portavoz de Netanyahu, no importándole dañar políticamente a su propia coalición de gobierno. Esto parece explicarse porque Alemania es el país europeo que más armas vende a Israel, por lo que el canciller no quería dañar la maltrecha economía de su país. Pero ahora, una vez emitida las órdenes de arresto por la Corte Penal Internacional, el gobierno alemán guarda un incómodo silencio, dando a entender que no se opondrá a su ejecución.
A nivel mundial las mayoritarias reacciones han sido de apoyo a esta decisión de la Corte Penal Internacional, que puede abrir el camino para hacer justicia en nombre de la humanidad.
