Con esta catalogación legal, Marko Cortés espera que se mejore la colaboración con Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México
20/11/2024 (Ciudad de México). En sus últimos días frente al Partido Acción Nacional (PAN), el expresidente del partido, Marko Cortés, fue muy vocal al promover –una vez más– que se tipificara en México el delito de “narcoterrorismo”. Esto ante los fuertes eventos de violencia relacionados con la delincuencia organizada ocurridos, principalmente, en Guanajuato, Sinaloa y Querétarodurante los últimos días.
Según el exlíder blanquiazul, la catalogación de este nuevo delito permitiría que México colaborara con autoridades extranjeras – principalmente, estadounidenses– con miras a combatir a las organizaciones del hampa. En ocasiones, incluso, el senador panista ha apelado a la “voluntad” para combatir a las organizaciones de la droga que el presidente electo, Donald Trump, incluyó como promesa en su campaña presidencial: “Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país”, dijo el exlíder panista, recordando la detención del líder sinaloense del narcotráfico, Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el mes de julio.
La paradoja con las declaraciones de Marko Cortés es que omiten por completo la posibilidad de que la detención de El Mayo haya sido, en realidad, un operativo encubierto presuntamente ilegal de la DEA, tal como determinó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mexicano en un informe luego de las primeras indagaciones.
Como otras veces ha ocurrido en la relación bilateral, las autoridades norteamericanas habrían utilizado el pretexto de la falta de voluntad del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para intervenir en México, realizando para ello un acuerdo con los adversarios de “El Mayo”Zambada, “Los Chapitos”, como se le conoce a la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Es otras palabras, el gobierno norteamericano llegó a un acuerdo con criminales mexicanos para detener a uno de sus objetivos clave en la llamada “guerra contra las drogas”, realizando para ello un operativo ilegal que violó nuestra soberanía. En este escenario, Marko Cortés simplemente se limitaría a lamentarse de que las autoridades mexicanas no sean de la confianza de un país que pareciera estar más allá del bien y del mal, capaz de llevar a cabo un operativo ilegal de tal magnitud para lograr sus objetivos.
Así, Marko Cortés –como muchos miembros y simpatizantes del partido blanquiazul– no puede ocultar su intención o deseo por subordinarse a la élite norteamericana de la seguridad que, independientemente del actuar de México como nación, jamás confiará en connacionales porque esta “desconfianza” le sirve para impulsar sus propios objetivos en suelo mexicano. Recordemos una vez más la frase “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”.
El problema con las declaraciones de Marko Cortés es que, con ellas, parece esperar que la respuesta a los problemas de México vinculados con el narcotráfico provenga del extranjero. Lo cual resulta muy cercano con el actuar que tuvieron los gobiernos de su partido, el de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), quienes mostraron una subordinación clara ante los designios de las autoridades norteamericanas.
En el caso de Calderón, la cooperación con los norteamericanos fue total, pues durante su sexenio fue impulsada la llamada “Iniciativa Mérida”, una estrategia basada en la transferencia de recursos y tecnología que tenía la finalidad de incrementar las capacidades de inteligencia en nuestro país para poder enfrentar así a las organizaciones del crimen. Sin embargo, en la práctica, la Iniciativa Mérida representó más un reforzamiento de la dependencia que México ha padecido ante Estados Unidos en materia tecnológica y de espionaje.
En ese mismo sexenio ocurrió el operativo “Rápido y Furioso”, una operación binacional mediante la cual se buscaba rastrear las armas que ingresaban a nuestro país y que terminaban en las manos de la delincuencia organizada. La idea original era plantar chips de rastreo en las armas que ingresaban por la frontera norte, para identificarlas una vez que se encontraran en poder de las organizaciones criminales. Sin embargo, el operativo se salió del control de las autoridades de ambos países, con la consecuencia de que cientos de armas terminaron siendo ocupadas por la delincuencia organizada en eventos que cobraron la vida de mexicanos hasta hace no mucho tiempo.
Más allá de estos evidentes errores y negligencias, lo paradójico de la cooperación entre México y Estados Unidos en aquellos años es que se llevó a cabo bajo la influencia permanente del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a quien los norteamericanos premiaron con decenas de reconocimientos e, incluso, le brindaron el apodo de “superpolicía“, como se le conoce en la prensa corporativa norteamericana a aquellos funcionarios de la seguridad pública que alcanzan notoriedad mediática y política. Años más tarde, serían esas mismas autoridades norteamericanas quienes detendrían, procesarían y finalmente sentenciarían a su antiguo socio por cinco delitos federales, incluyendo el de traficar droga hacia su país y proteger al Cártel de Sinaloa en México.
Debido a ello, conviene también realizar el planteamiento inverso: ¿es Estados Unidos digno de la confianza de México? Considerando, sobre todo, que en sus operativos y sus políticas antinarcóticas en el país son capaces de violar la soberanía, chantajear a sus socios y, finalmente, provocar la muerte de cientos de mexicanos como “daño colateral” a su actuar. Más aún: ¿las autoridades norteamericanas son dignas de confianza cuando siquiera se han preocupado realmente por atender a la población en su propio país que sufre con la crisis de los opioides y sus consecuencias, entre las que se encuentran más de 50 mil personas fallecidas año con año?
Respondería a estas interrogantes con un rotundo “no”.
