20/11/2024 (Ciudad de México). En la Unión Europea (UE), los gobiernos de Alemania, España, Francia, Bélgica y Países Bajos, decidieron actuar en bloque para ordenar a sus embajadores en Bruselas, que no permitan que prosperen los cambios regresivos a la “Ley de Deforestación”, que hicieron eurodiputados conservadores y ultraderechistas, para echar abajo el “Pacto Verde Europeo”. 

Se abre por tanto una confrontación entre los gobiernos de los países más industrializados y económicamente predominantes en la UE, y una eventual mayoría legislativa de derecha y ultraderecha en el Parlamento Europeo. Lo curioso es que no sólo son los siempre dubitantes socialdemócratas (representados por el alemán Olaf Sholz o el español Pedro Sánchez), o los liberales (cuyo máximo exponente es el francés Emmanuel Macrón), sino también un gobierno como el de los Países Bajos, conducido por el conservador Dick Schoof y que tiene fuerte presencia del partido del ultraderechista Gert Wilders. Analistas atribuyen a la fragilidad del ecosistema neerlandés el giro ambientalista que ha dado su gobierno. 

La Ley de Deforestación de la Unión Europea es un enorme avance para impedir que lleguen a mercados europeos productos básicos cosechados o elaborados como resultado de la deforestación de tierras en otras partes del mundo. Este es el eje de una normativa destinada a impedir que, en Asia, África o América Latina, continúe la tala de árboles para ampliar la frontera agrícola o ganadera, sólo para satisfacer la creciente demanda de los países más desarrollados, que tienen también mucha mayor capacidad de importación y de consumo.

La Ley tiene un “Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación” cuya finalidad es impedir que las grandes multinacionales, que a su vez controlan los mercados globales de abastecimiento del cacao, el café, la palma aceitera, el caucho, la soja y la madera, puedan seguir obteniendo enormes beneficios en una cadena productiva en la que los que menos ingresos reciben, paradójicamente, son los pequeños y medianos productores en los países de origen. 

La Ley constituye un avance ecologista que quiere sabotear la ultraderecha europea, negacionista del cambio climático y ahora envalentonada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Saben los ultraconservadores que, si un bloque de naciones como los 27 de la Unión Europea, toma decisiones ambientales de este tipo, va a repercutir inmediatamente en los mercados globales, al ser replicado el ejemplo en otros continentes.

Y este debate entre ecologistas y negacionistas, ocurre justamente en momentos en que la crisis ambiental está originando calamidades como la DANA en España, o los enormes incendios forestales ocurridos hace tres meses en cinco países sudamericanos (Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) que comparten la Amazonía, la mayor reserva de biodiversidad del planeta

Ocurre también en el momento en que acaba de pasar la reunión del G20, la veinte economías más fuertes del planeta, donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó al mundo la necesidad de proteger bosques y selvasimplementando el más grande programa de reforestación de la historia, disminuyendo para ello y reorientando los recursos económicos destinados a la industria de la guerra.