19/11/2024 (Ciudad de México). Todo amparo en contra de la elección judicial es constitucionalmente inviable; así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este lunes 18 de noviembre.
La decisión del TEPJF surge en un contexto de múltiples suspensiones y sanciones emitidas por jueces de amparo en relación con la reforma judicial, que habían generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso electoral judicial, llevando al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Senado de la República a solicitar una sentencia de acción declarativa al Tribunal Electoral.
Con la resolución del máximo órgano electoral se establece que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado puede paralizar el proceso de comicios judiciales, además de que las suspensiones emitidas por jueces de amparo no tienen efecto en materia electoral. Con esta sentencia, el Tribunal Electoral señaló que tanto el Senado como el Instituto Nacional Electoral “y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario”.
El fallo del TEPJF fue aprobado por mayoría de tres votos a favor y dos en contra. A favor votaron la magistrada presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quien realizó el proyecto de resolución. En contra votaron los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, quien en un proyecto de resolución propone ampliar plazo para que los juzgadores decidan si participan o no en la elección judicial. Por su parte, Janine Otalora buscó llevar el debate nuevamente hacia la Suprema Corte, argumentando que es éste otro tribunal quien debe tomar la última decisión, esto, pese a que el pleno de la Corte ya ha resuelto sobre el tema.
La elección judicial sigue su curso
Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en seguimiento al proceso para la elección judicial, recientemente informó que al 18 de noviembre ya se habían inscrito 2 mil 867 aspirantes a algún cargo de juzgador, esto en cuanto a los inscritos a través del Comité Evaluador del Poder Legislativo y quien actualmente ya trabaja en el proceso de validación de estos perfiles.
Con corte al 15 de noviembre, el Comité de Evaluación del Poder Judicial señaló que ya se han registrado 133 aspirantes, mientras que el del Poder Ejecutivo no ha dado ninguna información en esta materia. Al respecto, la legislación marca que cada poder deber tener al menos mil 793 aspirantes para contender por los 881 cargos actualmente en disputa, es decir, la mitad de los juzgadores federales donde se incluyen jueces, magistrados de circuito, electorales y para el nuevo Tribunal de Disciplina y para ministros de la Corte.
El periodo de inscripción comenzó el 5 de noviembre y concluirá el 24 del mismo mes, por lo que se espera que cada poder complete las listas de aspirantes durante la última semana de inscripción.
El INE dialoga con la Cámara de Diputados sobre el presupuesto
En esta misma ruta para la elección judicial del 1 de Junio de 2025, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, se reunió con el presidente de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, para explicar las razones detrás del presupuesto solicitado para el año 2025.
De acuerdo al INE, el presupuesto solicitado de 40 mil millones de pesos para 2025 incluye diversas partidas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del instituto y la organización de procesos electorales clave. Tan sólo para el proceso electoral del Poder judicial, este órgano autónomo solicita 13 mil 200 millones, cifra que ha sido cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum y por legisladores.
El monto restante en el cálculo incluye también 15 mil 295 millones para el funcionamiento del propio instituto, 7 mil 354 millones para los partidos políticos y 4 mil 620 millones como “presupuesto precautorio” para la organización de una eventual consulta popular.
En defensa de este estudio, Taddei subrayó que la organización de elecciones judiciales requiere una inversión significativa debido a la magnitud y complejidad del proceso. Este será el primero en la historia de México para elegir a más de 800 puestos a magistrados, jueces y ministros, lo que implica una logística y recursos considerables, además de que se busca aumentar la remuneración de los capacitadores electorales quienes trabajan directamente en territorio.
Por su parte, Ricardo Monreal señaló que se revisará el presupuesto para aplicar ajustes consensuados, ya que consideró que la solicitud inicial es excesiva, pero advirtió que contará con un presupuesto suficiente para garantizar que la elección se celebre de manera correcta y con certeza jurídica. Luego de otra reunión con la consejera presidenta, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, reiteró de excesiva la cifra solicitada y sugirió un monto menor, particularmente para la elección judicial, proponiendo un rango entre mil y 9 mil millones de pesos, similar al costo de los comicios extraordinarios realizados el pasado 2 de junio.
Por las diferencias de criterios, Taddei solicitó la creación de una mesa de análisis para evaluar cada componente del presupuesto del INE. Este espacio permitiría un examen detallado y transparente de las necesidades financieras del instituto, asegurando que los recursos se asignen de manera eficiente y justificada.
