31/10/2024 (Ciudad de México). La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada en lo general y lo particular, la reforma a los Artículos 105 y 107 de la Constitución, coloquialmente denominada de “supremacía constitucional”, con la cual se establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de las adiciones o reformas a la Carta Magna, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad. En términos prácticos, esta nueva reforma lleva a rango constitucional lo que ya establece la Ley de Amparo en su Artículo 61, como fue señalado durante el debate en el pleno de San Lázaro.
Durante la discusión, que duró más de diez horas, la oposición en la Cámara Baja insistió en los mismos argumentos que sus homólogos en el Senado. De acuerdo a estos diputados, quienes cuentan la menor representatividad en el Congreso en toda su historia tras las elecciones de junio de este año, la iniciativa de reforma es “un atentado a la democracia y abre la puerta a la creación de la dictadura de un sólo partido político“. En palabras del emecista Sergio Gil Rullan, esta reforma “puede significar el fin de toda aspiración democrática para el país y el ingreso de México en una vergonzosa lista de regímenes totalitarios”.
A este tipo de declaraciones se sumó la panista Noemí Berenice Luna Ayala, coordinadora de su bancada, afirmando que los legisladores morenistas “no tienen tolerancia, porque lo que saben ser es dictadores y autoritarios” al buscar colocarse por encima de la Constitución “con esta reforma de supremacía dictatorial”.
Entre otros de los argumentos de la oposición destacó el de Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, por su semejanza con las campañas sucias y de miedo dirigidas hacia Morena y, en su momento, hacia López Obrador, al plantear escenarios hipotéticos que podrían suceder en México de aprobarse esta reforma. De acuerdo a la legisladora, con ella, si a los legisladores morenistas “se les ocurre modificar la Constitución para afectar la propiedad privada”, ya no habrá medios legales que protejan sus derechos “sin importar lo absurdas que sean las leyes”.
Legisladores defienden la supremacía de la Constitución
Durante su participación en tribuna, la diputada petista Lilia Aguilar Gil señaló que “lo que está haciendo la derecha (los diputados de oposición) es venir a causar miedo, porque vienen a decirles:”no, no puede ser, hombre, van a acabar con la propiedad privada”, y eso es una mentira”. Prueba de esto, precisó, es que “permanece el amparo, que protege a los ciudadanos en contra de acciones de autoridad y leyes generales”.
Respecto a los argumentos de autoritarismo y totalitarismo, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, también del PT, señaló que es falsa la supuesta supresión de la división de poderes y el control político por parte de un sólo partido, además de negar que el Poder Judicial pierda su independencia, el cual, agregó, en los últimos años “se ha venido extralimitando en sus funciones”. Como prueba de ellos, Bernal Martinez recordó que en 2013 la Suprema Corte se declaró incompetente para revisar las reformas constitucionales que el Poder Legislativo hizo para permitir que la industría privada tuviera participación en la generación de energía, por lo que cuestionó: “¿Por qué ahora sí les surgió el deseo genuino de entrar al estudio y análisis de nuestra Constitución? Muy fácil, porque el Poder Judicial se ha convertido en instrumento de la oposición para impedir que este gran movimiento de transformación avance”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado morenista Leonel Godoy Rangel, fundamentó el dictamen argumentando que se busca proporcionar certeza jurídica y claridad para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional como ya lo hace actualmente una ley secundaria en vigor.
Luego del debate, la mayoría calificada compuesta por Morena, PT y Verde logró aprobarla y la Mesa Directiva la turnó a los 32 congresos locales para su debate y votación. 17 congresos locales han aprobado la medida: Zacatecas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche, Nayarit, Oaxaca, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero, Veracruz, Puebla, y Morelos. Cumplido el requisito legal, se espera que la reforma constitucional sea promulgada a la brevedad.
