24/10/2024 (Ciudad de México). En una controvertida sesión nocturna, el Senado de la República aprobó con 85 votos a favor y 41 en contra la iniciativa de reforma a los Artículos 105 y 107 de la Constitución mexicana, plasmando así que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna son improcedentes, a lo que se le ha llamado “supremacía constitucional”.
La propuesta de reforma es parte de un esfuerzo más amplio por parte de los legisladores de Morena y aliados para reforzar y garantizar que no se extralimite el desempeño de los juzgadores, asegurando así la implementación de reformas cruciales sin interferencias judiciales. Además de que asegura el blindaje al trabajo realizado por el Constituyente Permanente, previsto en el Artículo 135 constitucional.
Recientemente, una jueza federal en Veracruz, Nancy Juárez Salas, emitió una resolución de suspensión definitiva para que el Poder Ejecutivo eliminara del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial promulgada el pasado 16 de septiembre, esto pese a que la Ley de Amparo señala la improcedencia de este tipo de recursos ante reformas constitucionales.
Por esta acción, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, consultó al Senado, vía la Consejería Jurídica, sobre la legalidad de esta disposición. En respuesta, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, respondió que resuelta improcedente ya que el Artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación, órgano informativo del Estado.
Pese a que los promoventes de los amparos y quienes los otorgan son expertos juristas al servicio del Estado que deberían conocer todas estas normas, la ola de este tipo de recursos jurídicos no ha cesado, por lo que la reforma de supremacía constitucional busca establecer desde la Carta Magna la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución.
El debate en el pleno
La aprobación de la iniciativa generó un fuerte intercambio de señalamientos entre las distintas bancadas del Senado, principalmente entre el bloque del oficialismo, Morena, PT y Verde, y el bloque opositor, PRI, PAN y MC, quedando al margen de estos últimos el senador panista Yunes Márquez, quien votó a favor de la reforma.
Durante su tiempo en tribuna, pero también desde sus lugares y en los pasillos del recinto legislativo, los opositores denunciaron que esta medida representa un paso hacia la instauración de un supuesto régimen autoritario.
La primera en advertir el inicio de una supuesta dictadura fue la senadora Lilly Téllez García, quien en 2018 llegó al Senado a nombre de Morena para posteriormente sumarse a las filas del PAN, quien la incluyó entre sus senadores plurinominales para la actual legislatura. De acuerdo a la legisladora “Morena convierte a nuestro país en una dictadura”, pues bajo este tipo de regímenes se “reprimen los derechos humanos y las libertades individuales”.
A las acusaciones y señalamientos se sumaron los senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez y el dirigente del PAN Marko Cortés, quien, al margen del debate fue cuestionado por expulsar a Yunes Márquez de la bancada del partido, pero conservar los recursos financieros que se le brindan a través de su grupo parlamentario. El panista intentó evadir la pregunta, pero finalmente respondió que devolverían el dinero al senador Yunes.
Por su parte, los senadores oficialistas argumentaron que la reforma es necesaria para evitar que las modificaciones a la Constitución pretendan ser congeladas por procesos judiciales, asegurando así la estabilidad y continuidad de las reformas impulsadas por el actual proyecto de Nación.
Ante las acusaciones de dictadura, las senadoras morenistas María Guadalupe Chavira de La Rosa, Andrea Chávez Treviño y Laura Itzel Castillo, respondieron a las y los senadores opositores que revisaran la historia de México. En una breve enumeración, Chávez Treviño anunció distintos momentos que, en los hechos, sí han violado derechos humanos y garantías individuales, como lo fueron Atenco, Acteal, la represión al movimiento estudiantil del 68, la guerra sucia o la “guerra contra el narcotráfico”, todos perpetrados tanto por gobiernos priistas como panistas en décadas recientes.
Junto a estas acusaciones, la oposición también argumentó que con esta reforma se elimina el derecho al amparo de las y los mexicanos, a lo que la senadora Chávez Treviño reviró que “nunca en la historia de nuestro país se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional, están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país” y precisó que “es mentira que se elimina el control de constitucionalidad”, pues estas se mantienen en la ley.
