18/10/2024 (Ciudad de México). Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, no sólo ha sido investigado en Estados Unidos, donde fue condenado esta semana por narcotráfico, sino también tiene procesos legales abiertos en su contra en México. Durante la “mañanera del pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales expusieron las investigaciones aún vigentes por delitos cometidos en México por parte de García Luna y que son independientes al proceso en Estados Unidos.

En 2019, García Luna fue detenido en Texas y posteriormente trasladado a Nueva York, donde enfrentó un juicio por cargos de tráfico de drogas, participación en una empresa criminal y falsificación de declaraciones ante las autoridades estadounidenses. Las pruebas presentadas en su contra incluyeron testimonios de narcotraficantes y ex funcionarios públicos, quienes describieron un sistema de corrupción profundamente arraigado. En febrero de 2023 el jurado lo declaró culpable y este octubre de 2024 un juez estadounidense lo condenó a 38 años de prisión, una multa de dos millones de dólares y cinco años de libertad condicional.

Sin embargo, aunque este proceso en suelo estadounidense ha captado gran parte de la atención mediática, en México también se han acumulado cargos contra García Luna, lo que ha llevado a la emisión de tres órdenes de aprehensión por parte de las autoridades mexicanas.

Las órdenes de aprehensión

La primer orden es en relación a la participación de García Luna en el operativo “Rápido y Furioso”, un plan que introdujo armas y municiones a México entre 2009 y 2011 con la supuesta finalidad de rastrear la ruta a través de la cual llegaban al crimen organizado. Sin embargo, las armas terminaron en los cárteles del narcotráfico, acelerando la ya creciente espiral de violencia, sin que dicha ruta pudiera haber sido identificada.

Otra orden de aprehensión se relaciona con el uso indebido de atribuciones y facultades durante su gestión. De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 2010 García Luna operó la contratación directa a empresas privadas para la construcción de 12 penales federales. Todas estas empresas fueron creadas el mismo año y prometieron reducir el gasto por recluso, sin embargo, el gasto incrementó hasta en 10 veces, lo que generó un desfalco al erario público, señaló Rosa Icela Rodríguez, titular de la SEGOB.

La tercer orden de aprehensión se refiere a la asociación delictuosa por la contratación irregular de empresas privadas para equipar distintos Centros Federales de Readaptación Social. De acuerdo a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), García Luna y 61 presuntos cómplices más tejieron una red “empresarial” fraudulenta mediante la cual obtuvieron contratos por más de 93 mil millones de pesos. Estas empresas estaban constituidas en otros países, con lo cual evitaban el pago de impuestos en México. De esta manera, el gobierno mexicano pagaba, luego salía al extranjero a través de esta red empresarial fantasma, constituyendo así la defraudación fiscal.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que tras la condena del ex funcionario en Estados Unidos, procede que se solicite su extradición, así como la de su esposa.

La red criminal de García Luna y el PAN

Luego de la condena a García Luna, los ex dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional, partido que llevó a Felipe Calderón a la presidencia, realizaron declaraciones en las que buscaban desmarcarse de las acciones cometidas por el secretario de Seguridad Pública durante el segundo sexenio panista de México. Tanto Marko Cortés, actual presidente de la formación azul, como el hoy senador y exdirigente Ricardo Anaya reconocieron que el nombramiento de García Luna como secretario de Seguridad fue una “vergüenza” y exigieron una explicación al expresidente Felipe Calderón, quien en su momento también fue dirigente nacional del PAN.

Sin embargo, pese a que estos miembros del PAN han buscado un deslinde con García Luna, diputados de la bancada de Morena en el Congreso han pedido que la Fiscalía General de la República investigue a relación de los miembros de este partido con García Luna, especialmente en lo relativo a la red de empresas montadas por el ex secretario.

De acuerdo a información pública, en tiempos de Ricardo Anaya, el PAN le otorgó al menos un contrato a una de las empresas creadas por la red fraudulenta de García Luna. De comprobarse que una relación de complicidad entre el partido blanquiazul y las actividades ilícitas de García Luna, el PAN “podría perder su registro”, sostuvo el diputado morenista Arturo Ávila, quien junto con sus compañeros de bancada pidieron que también se investigue al ex presidente Felipe Calderón.

Sheinbaum critica cinismo de Calderón y el PAN

Desde que se anunciara la condena a García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la importancia de que estos hechos sean conocidos por todos los mexicanos. Además, afirmó que era de un “cinismo terrible” por parte del expresidente Calderón que expresara que nunca tuvo “evidencia verificable” sobre las actividades ilícitas de su secretario de Seguridad Pública. “Ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta”, comentó y señaló al ex presidente de poner “al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante”.