18/09/2024 (Ciudad de México). En medio de su ofensiva declarada en contra de la reforma judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dio entrada a una controversia en contra de la mencionada reforma. Como primer paso, la ministra sometió a “consulta” si este recurso es procedente. El expediente lo turnó al ministro Juan Luis González Alcántara para su estudio.
Esta controversia fue presentada por magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) el pasado 13 de Septiembre, dos días después de que el Senado la aprobara en lo general y en lo particular y casi al mismo tiempo en el que estaba siendo votada en los congresos estatales. Dicho recurso interpuesto argumenta que el proceso legislativo para su aprobación presentó vicios de procedimiento.
La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Septiembre, introduce cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra que los jueces serán elegidos por voto popular, una medida que busca democratizar el acceso a la justicia y aumentar la transparencia. Sin embargo, críticos de la reforma argumentan que la medida podría politizar el Poder Judicial y comprometer su independencia.
De acuerdo a la ministra presidenta, este procedimiento de consulta es un mecanismo previsto en el Artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que permite a la Suprema Corte resolver sobre la constitucionalidad de reformas a la Constitución, tanto en su procedimiento legislativo como en su contenido material.
La batalla jurídica que diversos togados han pretendido sostener a través de amparos ha generado diversas reacciones. Por un lado, los medios de comunicación corporativos han lanzado una campaña mediática para señalar con insistencia que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo han incumplido diversos amparos de jueces federales.
Estos amparos, mayormente solicitados por diversos grupos de jueces y otorgados por compañeros federales, han sido interpuestos en distintas etapas del procedimiento legislativo para evitar la aprobación de la reforma. El más reciente, el cual buscaba impedir que la reforma judicial fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue solicitado por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C y otorgado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima.
En este mismo sentido, el titular del Ejecutivo ha señalado que todos los actores, ciudadanos y asociaciones tienen la libertad de interponer los recursos legales que consideren, pero todos ellos son improcedentes ya que la reforma se realizó conforme a lo que expresamente indica la Constitución y “no existe ningún fundamento legal para detener la reforma”. De esta forma, al haberse cumplido todos los requisitos constitucionales, “la reforma está en vigor”, señaló.
