11/09/2024 (Ciudad de México). Desde hace décadas, la cooperación antinarcótica entre Estados Unidos y México tiene como punto nodal la captura y extradición de capos mexicanos para ser procesados en cortes norteamericanas. ¿Qué impacto ha tenido en todos estos años?
Según el periodista Jesús Esquivel, durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el abogado del líder criminal, Jeffrey Lichtman, habría iniciado su defensa señalando que la historia de su cliente era sobre “cómo las agencias federales corruptas de Estados Unidos, como la DEA, por décadas han permitido operar a capos de la droga. No lo digo yo, viene directamente de la boca de los testigos del gobierno, que mienten y cometen crímenes todos los días”.
Si bien es evidente que las palabras del abogado de la defensa en el considerado “juicio del siglo” parten del victimismo y buscan anular la responsabilidad de criminales icónicos en la violencia vinculada al narcotráfico –como El Chapo Guzmán–, tiene un punto al señalar la hipocresía del gobierno norteamericano, que al mismo tiempo que busca criminalizar el narcotráfico, se ha beneficiado de él de manera directa e indirecta por años.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate a las drogas ha sido una de subordinación. De hecho, desde tempranas épocas del régimen postrevolucionario, el gobierno mexicano fue objeto de las presiones norteamericanas que terminaron por definir su política de drogas. Así, en 1940, luego de que el gobierno del general Lázaro Cárdenas intentara impulsar una política de drogas basada en principios científicos y lejos del prohibicionismo norteamericano, personajes influyentes como el “Zar” de las drogas, Harry J. Anslinger, impidieron el desarrollo autónomo de México en la atención al consumo de sustancias psicoactivas.
A raíz de que, en los años ochenta, “los grandes capos del narcotráfico” ocuparan un lugar cada vez más central en la narrativa en contra de las drogas, la cooperación de ambos países se concentró en la detención en México de presuntos líderes criminales y, posteriormente, en la extradición de varios de ellos para ser juzgados en cortes norteamericanas.
Luego de ello, grandes capos del narcotráfico han terminado en el sistema penal norteamericano bajo la argumentación de que habrían cometido crímenes en Estados Unidos. Además de “El Chapo” Guzmán, otros capos que han sido extraditados han sido Rafael Caro Quintero, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, Alberto Benjamín Arellano Félix, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, Dámaso López Núñez “El Licenciado” y Ovidio Guzmán “El Chapito”.
Este último caso volvió a resonar durante los últimos días, luego de las especulaciones sobre el ingreso del hijo de “El Chapo” Guzmán al sistema de protección de testigos norteamericanos. Trascendió, además, que la misma semana en la que se confirmó el cambio de medida cautelar a Ovidio Guzmán –que podría implicar su cooperación con autoridades norteamericanas a cambio de beneficios–, se anunció la liberación de Osiel Cárdenas Guillén de una prisión de alta seguridad en Estados Unidos; esto luego de haber recortado su pena a 21 años por cooperar con las agencias de la Unión Americana.
En ninguno de los dos casos los criminales han sido puestos en libertad, ya que Osiel Cárdenas fue puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para, posiblemente, ser extraditado a México para enfrentar los cargos que se le imputan. Mientras que, por su parte, Ovidio Guzmán seguirá estando bajo custodia de las autoridades norteamericanas, aunque se encuentre en el sistema de testigos protegidos. No obstante, es muy claro cómo aquellos que deciden cooperar con autoridades como la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se pueden beneficiar, reduciendo sus condenas o mejorando sus condiciones de reclusión. Paralelamente, la retórica planteada hacia nuestro país coloca a los líderes criminales como terribles villanos que “envenenan a su población”.
El hecho de que México no cuente con las capacidades judiciales, ni con la voluntad política para procesar a los grandes criminales, le ha dado a Estados Unidos una carta abierta para intervenir en su política de seguridad. Esta oportunidad no es desperdiciada por la potencia norteamericana, que, debido a que su mercado de consumo representa el más grande de drogas del mundo, se proyecta a sí mismo como una “víctima” de los terribles capos mexicanos que “envenenan a su población”.
Sin embargo, las consecuencias de esta narrativa han sido graves, empezando porque México hace mucho dejó de gestionar su propia política de drogas y se ha limitado a asumir los designios norteamericanos, lo que incluye aceptar la compra de tecnología obsoleta para los estadounidenses, la asesoría y presencia de agentes norteamericanos en su territorio y, por supuesto, el embargo de los recursos y las ganancias en posesión de los grandes narcotraficantes que se extraditan a su país, como “El Chapo” Guzmán.
El hecho de que Washington se erija como el legítimo juez del narcotráfico surgido en nuestro país ha tenido también impactos que podrían ser considerados como ilegales. Es el caso del secuestro de dos de los presuntamente involucrados en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena: René Verdugo Urquídez, presunto narcotraficante mexicano, y el doctor Humberto Álvarez Machain.
En 1986, un grupo conformado por agentes de la DEA y de la Policía Judicial de Baja California secuestraron en Mexicali a René Verdugo Urquídez, acusado por el asesinato de Kiki Camarena por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Cuatro años después, en 1990, también fue secuestrado por un grupo de expolicías mexicanos contratados por la DEA el doctor Álvarez Machain, quien supuestamente habría dado medicamentos a Kiki Camarena para evitarle un paro cardiaco mientras era torturado por miembros del Cártel de Guadalajara.
En ambos casos se trató de una violación al tratado de extradición entre las dos naciones, por lo que fue razón de nuevas tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Además, las evidencias con las que contaban las agencias norteamericanas eran muy débiles para acusarlos, por lo que eventualmente los dos salieron exonerados sin ninguna disculpa o resolución diplomática de por medio.
Décadas después, la historia podría estarse repitiendo con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrida el pasado julio, ya que una de las versiones que más ha sido aceptada es que este líder criminal habría sido secuestrado en territorio mexicano y llevado a Estados Unidos para ser procesado allá. En ese sentido, no está del todo claro si, las autoridades norteamericanas habrían participado secretamente en el operativo ilegal en contra de “El Mayo” Zambada, lo que también representaría una violación a los convenios entre ambos Estados.
La aceptación de beneficios a criminales como Ovidio Guzmán u Osiel Cárdenas a cambio de su información pone en entredicho qué tan útil para el combate a la ilegalidad resulta la concentración sistemática de la lucha antinarcóticos en los capos de la droga. Sobre todo, considerando que ni la demanda ni la oferta de narcóticos se ha reducido en lo absoluto y, por el contrario, durante las últimas décadas de profundización de la “lucha contra las drogas”, lo único que ha ocurrido es el desarrollo de un mercado de drogas cada vez más complejo y dañino para ambos países.
