10/09/2024 (Ciudad de México). Cuando en octubre de 2020 el Movimiento al Socialismo (MAS), conocido también en Bolivia como “Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos”, ganaba la elección presidencial con el 55% de los votos, nada hacía pensar que cuatro años después el panorama sería tan negativo. Hoy están divididos los movimientos sociales indígenas, obreros y populares que encumbraron con su respaldo electoral al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, y el propio gobierno tiene un alto nivel de desgaste.
A esto se suma que, desde la anterior semana, Arce afronta varios frentes de conflicto. Podríamos agrupar estos frentes en dos: el social y el regional.
En el frente del conflicto social, con los sectores campesinos y populares a nivel nacional, se origina en el incremento de precios de los alimentos y en la escasez de combustibles, a lo que se suma el enfrentamiento y la ruptura de Arce y Choquehuanca con el ex presidente Evo Morales. Arce no tiene una trayectoria de lucha social, ni forjó a lo largo de su vida un liderazgo de masas -que en Bolivia fácilmente se confunde con el caudillismo- que le permitan recuperar ese respaldo popular y campesino con hábiles maniobras políticas.
En el frente del conflicto regional, con el departamento de Santa Cruz, el más desarrollado y poblado del país, la tensión es por los resultados recientemente conocidos del “Censo Nacional de Población y Vivienda” realizado el 2023, y por la tardía reacción gubernamental ante los incendios forestales. En cuanto a los incendios, la gravedad del daño a la naturaleza -que como varios medios de comunicación denunciaron, es una combinación del calentamiento global, con la intencional quema de superficies boscosas a los fines de una ampliación de la frontera agrícola, para los agronegocios privados- está dañando la imagen del presidente, que recién ayer (luego de semanas de quemas) autorizó que se contraten grandes aviones cisternas para luchar contra los fuegos.
El perfil público de Luis Arce es el de un economista con capacidad de gestión pública. Él mismo se esmeró por presentarse así durante la campaña electoral del 2020. Y es lo que el imaginario popular ahora le exige: que solucione los problemas económicos del país.
La economía boliviana no atraviesa por un buen momento. La caída neta de la producción y las exportaciones de gas, se debe a la contracción del mercado argentino, que hace años descubrió y desarrolló su propio campo gasífero en Vaca Muerta, por lo que redujo las compras a Bolivia. Con la nacionalización de los hidrocarburos de mayo de 2006, el Estado boliviano recuperó gran parte del excedente económico generado en este sector, lo que permitió un shock positivo de ingresos fiscales por más de una década, que a su vez explica el incremento de la inversión pública (social y productiva), así como la acumulación de divisas (que se generan en el comercio exterior) en las reservas internacionales netas.
Al caer las exportaciones de gas, directamente controladas por el Estado, el efecto es exactamente el contrario. El Estado tiende a perder peso en la economía porque se reducen sus ingresos fiscales y porque la mayor parte de las otras exportaciones (mineras, agrícolas y ganaderas) son efectuadas por el sector privado. Esto debió resolverse con nuevas inversiones en sectores estratégicos controlados por el Estado, como son la generación de energía eléctrica y la producción de Litio. Pero no se efectuaron. Tampoco el gobierno de Arce aumentó la presión fiscal -fijando mayores retenciones o impuestos, o aranceles- sobre las exportaciones privadas. Liberalizó esas exportaciones, con lo que corrió el riesgo de que las divisas generadas no retornen al país. Y eso es exactamente lo que ocurrió, con lo que se explica otro de los problemas económicos: la escasez y especulación con los dólares, que han llevado a una devaluación de facto de la moneda boliviana. Y esto tiene un impacto inflacionario, pues suben los precios de los productos importados.
Todos estos son los factores de fondo que están agravando la crisis política, que en las siguientes semanas, puede convertirse en una crisis de gobernabilidad.
