Las remesas, principal fuente de ingresos de México; se calcula que este 2024 llegarán a los 65 mil millones de dólares.
06/09/2024 (Ciudad de México). Los mexicanos y mexicanas que migraron a Estados Unidos “llegaron jóvenes con la ilusión de hacer un trabajo digno y poder sostener a su familia en México y en Estados Unidos, porque también tienen familia en Estados Unidos, pero el problema es que como no tienen seguro social, son trabajadores irregulares, no pueden tener acceso a la pensión cuando se jubilan ni en Estados Unidos ni en México, esta es una población extremadamente vulnerable”, dice en entrevista con De Raíz Ángela Sanbrano, codirectora de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por su sigla en inglés), quien como mexicana residente en Estados Unidos, señala un incumplimiento de la garantía de los derechos que todo mexicano y mexicana deben gozar, sin importar el lugar en el que se encuentren.
Sanbrano, junto con María Marroquín, directora del Centro Jornalero de Mountain View, presentan para De Raíz los datos recabados en el informe de la NDLON, ‘Pagar la deuda: El caso para extender la “Pensión Bienestar” a adultos mayores mexicanos que viven en EE.UU.’, con el que sustentan la necesidad de retribuir el esfuerzo que durante varios años han realizado los paisanos por enviar dinero, fruto de su trabajo, a sus seres queridos en México, argumentando que la existencia de una pensión para las y los mexicanos en el exterior es viable.
De acuerdo con el documento, la población de inmigrantes mexicanos que vive en Estados Unidos “está envejeciendo rápidamente y muchos trabajadores mayores enfrentan la perspectiva de vivir su vejez sin el beneficio de una pensión adecuada o suficientes ahorros. La mayoría de los inmigrantes mexicanos no son ciudadanos estadounidenses, y un estimado de cinco millones de inmigrantes mexicanos indocumentados no son elegibles para recibir pagos del Seguro Social, a pesar de que la mayoría de los trabajadores han contribuido al sistema”.
El informe, fruto de haber entrevistado a 1,572 migrantes, señala que entre los encuestados de 65 años o más, sólo el 2.5% afirma tener una pensión que podría ayudarles durante su jubilación, mientras que el 89% afirma que no la tiene y el 8% no está seguro. En ausencia de una pensión, pocos encuestados de 65 años o más creen que pueden recurrir a sus familiares en busca de apoyo en su vejez, y sólo el 10% de los que no tienen una pensión indican que sus familias podrían cuidar de ellos una vez que hayan dejado de trabajar. Como resultado de esta inseguridad financiera, sólo el 2.4% de los inmigrantes indocumentados de 65 años y más indican que tendrán suficiente dinero para cubrir sus gastos básicos durante la jubilación, el 1.6% tendrá recursos para cubrir sus gastos médicos y sólo el 1.2% tendrá tener suficiente dinero para el resto de sus vidas
Alejandro Robles, quien hasta hace unos días era Diputado Federal por MORENA, recordó cómo la legislatura saliente respaldó la modificación al Artículo 4° Constitucional para establecer como derecho el acceso universal a la pensión a los adultos mayores de 68 años, y en el caso de indígenas a partir de los 65 años, para que se agregue la siguiente leyenda: “incluso a quienes se encuentren más allá del territorio nacional”.
A este mismo artículo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, buscará que se apruebe media pensión para las mujeres de 60 a 64 años, en reconocimiento a las labores domésticas que realiza mayoritariamente el género femenino.
Robles señala que el Estado tiene la obligación de introducir los mecanismos para que a la distancia los adultos mayores mexicanos puedan aplicar a la pensión: “Nuestros connacionales cuando abandonan este país no renuncian a su nacionalidad, no renuncian a la Constitución. La visión de la Cuarta Transformación es; ahí donde se encuentre un mexicano, ahí está nuestra Constitución y ahí está el Gobierno para respaldarlos”.
Mexicanos y mexicanas sin fronteras
Los últimos reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Censo de Estados Unidos indican que hay más de 38 millones de mexicanos radicando en el país vecino del norte, de los cuales, aproximadamente 12 millones son personas nacidas en México.
Los otros 26 millones son mexicoestadounidenses, es decir, descendientes de mexicanos pero nacidos en Estados Unidos, por lo que cuentan con ambas nacionalidades, que son reconocidas por las constituciones de cada país. Resulta difícil tener una cifra precisa sobre los mexicanos en calidad de indocumentados, sin embargo, se calcula que rondan los cuatro millones 100 mil, aunque la NDLON estima cinco millones de inmigrantes mexicanos indocumentados no elegibles (por su condición ilegal) para recibir pagos del Seguro Social a pesar de su contribución al sistema.
En su sexto y último Informe de Gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que en 2023 las remesas (dinero que recibe México desde el extranjero) fueron de 63 mil 320 millones de dólares, 184% más que en 2018; una cifra récord que benefició a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país.
Las remesas se han convertido en la principal fuente de ingresos de México y se calcula que este 2024 los apoyos de los paisanos a sus familiares llegarán a los 65 mil millones de dólares. Los destinatarios de esta llegada de dinero desde Estados Unidos son padres (73%), hijos (51%), cónyuges (25%) y otros familiares y amigos (6%).
Estos ingresos se utilizaron para pagar alimentos (62%); gastos médicos (61%); necesidades básicas (47%); comprar, construir o arreglar viviendas (38%); estudios escolares o universitarios (34%); para iniciar negocios (18%), y otros gastos.
Sin embargo, cabe destacar que el anhelado “sueño americano” representa un gran sacrificio hasta en las necesidades más básicas: de las mil 572 personas encuestadas en el informe de la NDLON (todos mayores de 65 años), el 28% señala que durante los últimos tres meses comió menos de lo que debería porque no había suficiente dinero para comprar alimentos; el 34% no puede permitirse comer alimentos saludables y más de uno de cada diez encuestados ha pasado hambre porque no puede conseguir comida.
Los Braceros Mexicanos
En 1942 se da de forma legal un exilio de aproximadamente 4.6 millones de mexicanos hacia Estados Unidos debido a que tras la Segunda Guerra Mundial la mano de obra escaseaba; por ello se celebró un convenio entre ambos países, el cual señalaba la anexión a un programa de salud para los mexicanos.
Sin embargo éste fue incumplido, además de que a cada trabajador se le descontaba el diez por ciento del salario (considerando que ya de por sí eran sueldos bajos), para un “fondo de ahorro”, pero una vez que regresaron a México los ahorros no les fueron devueltos en su totalidad.
Gobiernos pasados incluso calificaron a estos héroes sin capa como apátridas por haber “abandonado su nación”.
Muchos de aquellos “primeros inmigrantes” perecieron “sin contar con beneficio alguno, ni apoyo, ni estabilidad económica, ni social, después de haber dejado gran parte de su vida allá” afirma María Marroquín.
Entre los encuestados de 65 años o más, sólo el 2.5% afirma tener una pensión que podría ayudarles durante su jubilación, mientras que el 89% afirma que no la tiene y el 8% no está seguro. Esto significa que sólo el 2.4% de los inmigrantes indocumentados de 65 años y más tendrán suficiente dinero para cubrir sus gastos básicos durante la jubilación, el 1.6% tendrá recursos para cubrir sus gastos médicos y sólo el 1.2% tendrá suficiente dinero para el resto de sus vidas.
Respecto a la salud física de los encuestados, el 10% reporta que goza de excelente salud, el 18% dice que goza de muy buena o buena salud, el 45% dice que goza de salud inestable y el 27% dice que están en mal estado de salud.
La vulnerabilidad que el paso del tiempo trajo para los mexicanos en el extranjero es una deuda que se busca resarcir, en un primer paso, al extender el Programa de Bienestar de Pensión más allá de las fronteras.
