05/09/2024 (Ciudad de México). Desde el Palacio de Nariño, ubicado en el centro de Bogotá, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente que el año 2021, cuando en todo el país ocurrían multitudinarias movilizaciones sociales que demandaban más y mejor democracia,en lo que se conoció como “el estallido”, el gobierno de Iván Duque permitió que la “Dirección de Inteligencia Policial” (DIPOL) colombiana adquiera de manera ilegal un software o spyware israelí para espiar masivamente celulares, denominado “Pegasus”.
Hace tres años, fueron millones de personas que salieron a las calles a protestar contra un incremento general de impuestos, que el presidente de entonces trató de presentar como una “reforma tributaria”. Luego, conforme las marchas sumaban cada vez a más sectores sociales, y los ánimos se caldeaban, las demandas comenzaron a cambiar: se comenzó a exigir un cambio de gobierno, luego se planteó una Asamblea Constituyente.
En medio de todo ese fervor comenzó a llamar la atención la eficacia de la represión policial: ubicaban con rapidez los domicilios de los nuevos liderazgos sociales, parecían conocer el itinerario de las manifestaciones, se adelantaban a reprimir las reuniones y asambleas de los sectores que protestaban. Comenzó a circular el rumor de que el gobierno y los servicios de inteligencia de la policía estaban “chuzando” (interviniendo) los celulares, por lo que los cuidados en las conversaciones y en los mensajes de texto que se enviaban, pasaron a ser práctica común.
Durante esos meses del levantamiento popular, la represión fue brutal, reportándose decenas de civiles asesinados, sea en medio de los disturbios o en los barrios en que vivían, luego de ser secuestrados y aparecer sus cuerpos sin vida días después. También el personal de los organismos policiales de seguridad fue señalado por autoría de violaciones de mujeres adolescentes, y por las torturas que sufrieron miles de detenidos. Toda esa ola delictiva, cometida a nombre de la “seguridad pública”, quedó en la impunidad ya que desde la Fiscalía General -entonces controlada por la derecha- no se realizaron las investigaciones que por ley correspondía efectuar.
Hoy las cosas están cambiando. La nueva Fiscal General, Luz Adriana Camargo, que tiene independencia respecto a los poderes económicos y políticos, ha instruido la inmediata conformación de la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para determinar eventuales responsabilidades penales en la adquisición y el uso ilegal del software espía “Pegasus”.
La empresa tecnológica de Israel que desarrolló este programa es el Grupo NSO, que desde hace años presenta a Pegasus como una potente herramienta que tiene la finalidad de ayudar en la persecución del crimen y del terrorismo. Sin embargo, al tratarse un instrumento de espionaje y vigilancia masiva, varias investigaciones realizadas por Amnistía Internacional o por Citizen Lab, llegaron a la conclusión de que NSO vendió Pegasus a varios gobiernos, que la utilizan para fines de persecución política.
Ahora, el proceso penal iniciado por Colombia permitirá demostrar legalmente tal utilización. Es un proceso penal que comenzó con la detección, por la “Unidad de Investigaciones y Análisis Financiero” del Estado, de un sospechoso movimiento financiero efectuado el año 2021 a través del sistema bancario, para realizar parte de un pago por 11 millones de dólares, en una operación de lavado de activos a gran escala.
El presidente Petro pidió a la Fiscalía investigar esta adquisición, además del uso que le dio a esta tecnología el gobierno del derechista Iván Duque, así como la violación de los derechos de ciudadanos y ciudadanas, y la posible transferencia dePegasus a otros países de América Latina.
