04/09/2024 (Ciudad de México). El reciente paro de labores de ochos de los once ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido señalado como anticonstitucional y punible de acuerdo a la legislación vigente; así lo señalaron las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Ocho de los 11 ministros votaran a favor de que la SCJN se sume a la huelga iniciada por trabajadores de confianza, jueces y magistrados del Poder Judicial. De acuerdo a las tres ministras, esta suspensión de labores perjudica el derecho social de acceso a la justicia y destacaron que procede la destitución e inhabilitación del cargo, mediante juicio político, además de una pena de cárcel, según el Artículo 109 constitucional, fracción I.
La posibilidad de un juicio político contra los ocho ministros que votaron a favor del paro ha sido planteada por varios actores políticos y jurídicos. Las ministras Batres, Esquivel y Ortiz han afirmado que procede la imposición de un juicio político que podría resultar en la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público. Este juicio se fundamentaría en la acusación de que los ministros han incurrido en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Además, las ministras han enfatizado que la ley es terminante en cuanto a la responsabilidad de los ministros que suspenden sus labores, subrayando que no existe una figura legal que ampare el paro de labores a nivel ministerial, tanto para ministros como para su personal de confianza. Esta imposibilidad legal ya había sido tema a debatir en dicho órgano de justicia, como lo señaló Batres Guadarrama al citar la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala, emitida en 2016.
En el mismo sentido, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz aseguraron que las y los trabajadores que hayan decidido ir a paro de labores, debieron dejar de percibir su remuneración. Esto, porque el Código Penal Federal, en su Artículo 127, establece que recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello es considerado un delito por corrupción, los mismo que señala el Artículo 215, pero respecto a la omisión de proporcionar el servicio público.
Al anunciar el paro, la ministra presidente Norma Piña precisó que el próximo lunes 9 de Septiembre, en sesión privada, se reconsiderara la continuidad o no del paro.
Norma Piña en contra de la reforma judicial
Norma Piña fue designada ministra de la Suprema Corte durante el sexenio de Peña Nieto, en Diciembre de 2015. Desde su nombramiento como presidenta de este máximo órgano de justicia en Enero de 2013, la togada ha realizado una serie de acciones que han sido evidenciadas como actos políticos y que buscan inclinar la balanza hacia los partidos de oposición, principalmente del PRI y PAN.
Entre las acciones señaladas se encuentran las amenazas hechas al magistrado electoral Felipe Fuentes para que el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, sea reelecto. La importancia de este cargo radica en que es este órgano el encargado de calificar las elecciones, por lo que se señaló la intención de Norma Piña de influir indebidamente en las decisiones de este tribunal.
La invasión de funciones hacia el tribunal no fue exclusiva de este momento. Recientemente la ministra presidenta dio entrada a un recurso para que la Suprema Corte se pronunciara en contra de la designación de legisladores plurinominales, esto para evitar que Morena y sus aliados obtuviera la mayoría calificada en el Congreso, favoreciendo al PRI y al PAN con escaños que no ganaron en las urnas.
La relación a favor de estos partidos dio otras muestras cuando se reveló que Norma Piña organizó una cena privada con los dirigentes nacionales de los dos principales partidos de oposición, Alejandro Moreno y Marko Cortés. Si bien el dirigente blanquiazul no asistió, el tricolor confirmó la reunión. Ambos personajes, Piña y Moreno, evadieron hablar sobre los motivos que los llevó a reunirse en secreto y sobre los temas que trataron en dicha cena.
Todas estas acciones han generado polémica y controversias, pues si bien la jurista asegura que los ministros no deben ser actores políticos, su participación y su insistente intromisión en temas electorales la han mostrado como un personaje con un interés político cargado hacia los partidos de oposición.
