04/09/2024 (Ciudad de México). La prepotencia y actitud retadora han sido un sello del mandato de la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte. ¿Es esta actitud una muestra de que toma postura a favor de la oposición partidista?
Hace unos días, en pleno auge del conflicto postelectoral, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptó un recurso promovido por el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, que apelaba a una “contradicción de criterios” entre el máximo órgano de justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con este recurso se pretendía echar para atrás la distribución de la Cámara de Diputados que otorga la mayoría calificada al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Con ello, la ministra presidenta aceptó pasar sobre la autoridad del TEPJF, tal como fue sugerido por los magistrados de este órgano autónomo, así como del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien señaló enfático que es la Sala Superior del TEPJF es “la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional” durante la sesión en la que se discutió el recurso aceptado por la ministra presidenta.
Esta actuación coloca de relieve la intención clara de la ministra presidenta por tomar postura y beneficiar a la oposición partidista, recurriendo a la autoridad que le brinda su cargo, sobre todo considerando que el recurso impulsado por los panistas fue aceptado bajo un criterio improcedente revisado en 1998 en el contexto de una elección estatal.
Adicionalmente, durante la sesión del TEPJF en la que se definió la distribución del Congreso que se buscaba impugnar, la magistrada presidenta, Mónica Soto, sugirió que habrían recibido presiones como órgano autónomo, al señalar que habían resuelto la distribución de escaños “sin temor a críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares, juzgar con libertad y con apego a derecho”. Aunque no fue explícita sobre los responsables, lo cierto es que sobre Norma Piña ya recaen las sospechas, al haber actuado con prepotencia en ocasiones anteriores en contra de este órgano autónomo.
En mayo de este año, a raíz del cambio de periodo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Piña habría realizado una serie de presiones a los magistrados de este órgano autónomo con el fin de que eligieran nuevamente al entonces magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, quien es identificado como cercano a la oposición electoral de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). En aquel entonces, la ministra Piña envió una serie de mensajes al magistrado electoral Felipe Fuentes en los que los amenazaba a él y a sus compañeros de Pleno, diciendo que “tus compañeritos tienen mucha cola que les pisen”, asegurando que saldría “a hablar del tema” si el magistrado Rodríguez Mondragón no era reelecto para la presidencia del Tribunal.
Sin embargo, no sería la primera vez que se señalaría a Norma Piña por una actitud prepotente y beligerante. En mayo de 2023, el entonces presidente del Senado, Alejandro Armenta, denunció haber recibido unos mensajes firmados por Piña en los que también amenazaba entre líneas al legislador morenista. Desde ese entonces, la manzana de la discordia la ocupó la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal para que sean electos los juzgadores de este poder mediante el voto directo.
Otro de los escándalos que estalló en la cara de la ministra presidenta fue una cena que habría organizado en diciembre del año pasado en la casa del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, a la cual se tenía programada la asistencia de los líderes partidistas, Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, y Santiago Creel, jefe de campaña de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. Aunque éste no habría asistido al final.
A la cena también acudieron los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, invitados por Piña. Aunque no ha sido esclarecido el motivo de la reunión, se generaron suspicacias sobre su naturaleza. Mucho se especuló sobre ello y, sin embargo, la ministra Piña omitió brindar alguna explicación pública.
La conclusión en una gran parte de la opinión pública fue que la ministra Piña había intentado acercar a los ministros electorales a los líderes opositores para que brindaran su apoyo en los comicios que vendrían, lo cual habría sido un abuso de confianza y de sus funciones como titular del Poder Judicial de la Federación. Considerando, sobre todo, que los magistrados electorales no estaban enterados de que las cúpulas partidistas estaban invitadas.
A estas acciones, cuya protagonista ha sido sin duda la ministra Piña, se deben agregar también la manera en la que el Poder Judicial de la Federación en general ha estado saboteando al gobierno de la Cuarta Transformación desde sus inicios. Con el impulso sistemático de amparos para detener las obras o políticas sociales, por un lado, y las demandas de amparos aceptadas para beneficiar a los empresarios que buscan evadir el pago de sus impuestos, por otro. Además del descongelamiento sistemático de cuentas de los criminales de cuello blanco y la liberación igual de sistemática de presuntos generadores de violencia, casi siempre bajo criterios de forma que se podrían resolverse en conjunto con las fiscalías.
Sobre el beneficio sistemático de los magnates para evadir impuestos, Norma Piña llevó a cabo un último acto que evidenció su postura política justo cuando se estaba amenazando con el paro en el Poder Judicial. Como si se tratara de una provocación, la ministra Norma Piña admitió una demanda de amparo del magnate Ricardo Salinas Pliego, con la que el pago de más de 35 mil millones de pesos que debe el Grupo Elektra se suspendió hasta nuevo aviso.
Así, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy se opone a la reforma al Poder Judicial Federal bajo el argumento de que los juzgadores no pueden ser “políticos”, ha tomado posturas y realizado acciones que extienden sus funciones como cabeza de este poder, beneficiando a la oposición. No sólo ello, sino que habría recurrido a acciones violentas y potencialmente ilegales en contra de órganos autónomos y de legisladores con la finalidad de afectar al gobierno de la Cuarta Transformación.
La intransigencia y prepotencia ha sido el sello del mandato de la ministra Piña desde que fuera electa como la presidenta de la Corte el 2 de enero de 2023. No cabe duda de que, como juzgadora “independiente”, Norma Piña ha sido una muy buena operadora política.
