La familia apelará el fallo y pedirá el acompañamiento de instancias internacionales.
22/08/2024 (Ciudad de México). El Poder Judicial deja a la familia Barajas Piña en espera de justicia. La Jueza Unitaria del Tribunal del Juicio Oral del Juzgado de Oralidad del municipio de Acámbaro, Guanajuato, ordenó la inmediata liberación de los cuatro individuos vinculados al Cártel Santa Rosa de Lima, y acusados de secuestrar y asesinar a la maestra Guadalupe, hija del matrimonio Barajas Piña, pese a las pruebas que existen en contra.
La decisión fue tomada después de que un vecino, testigo presencial, y otros dos secundarios se desdijeron de sus primeras declaraciones.
Con obvia indignación, los abogados de la familia apelarán la sentencia para exigir que el caso sea examinado a profundidad, acompañado de instancias internacionales que han seguido el proceso, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La maestra Guadalupe Barajas desapareció el 29 de febrero de 2020. Su cuerpo fue encontrado en la fosa clandestina más grande de México ubicada en Salvatierra, Guanajuato. Aunque existía la posibilidad de emitir una sentencia histórica en el primer juicio relacionado con esta fosa finalmente la “justicia” declinó en favor de los victimarios.
Cabe recordar que esta es la segunda ocasión que el Poder Judicial da la espalda a la familia Barajas: e asesinato de Guadalupe se sumó el de su hermano Javier Barajas, miembro de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, quien fue privado de su vida en 2021 por sujetos vinculados con la desaparición de su hermana.
Igual que como sucedió con Guadalupe, en el caso de Javier también la sentencia a los responsables fue absolutoria, pero posteriormente se corrigió en apelación.
En un comunicado en conjunto varias organizaciones de derechos humanos y justicia señalan que “Este fallo es un terrible mensaje de impunidad, que pone en riesgo a la familia de Guadalupe, a los familiares de las 65 personas identificadas y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato”.
La indignación por la resolución de la justicia mexicana en el caso de Guadalupe Barajas se suma a la que días antes generó la liberación del presunto responsable del ataque con ácido a María Elena Ríos. Finalmente, la presión social fue tan intensa que la jueza María Antonia Esteva Domínguez, del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, dejó sin efecto la medida que revictimizaba a la saxofonista.
Casos como el de estas dos mexicanas dan fuerza a los argumentos a favor en el debate que estos días arranca en el Poder Legislativo sobre la reforma constitucional del Poder Judicial, impulsada por el gobierno de López Obrador, la cual busca, entre otros puntos, que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular, para así evitar posibles colusiones con delincuentes del crimen organizado, funcionarios corruptos y grandes empresarios.
