21/08/2024 (Ciudad de México). En Medio Oriente, prosiguen las gestiones que está realizando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en una nueva gira por Israel, Egipto y Qatar para lograr un “alto al fuego duradero en Gaza”, que ésa es la nueva amalgama elaborada tras sus consultas con Tel Aviv.
Dos apuntes sobre esta fórmula. No se trata de una suspensión de carácter definitivo y permanente de la invasión, sino sólo un repliegue parcial y temporal del ejército israelí de uno de los dos territorios palestinos (el otro es Cisjordania). Por tanto, no estamos hablando de poner fin a los actos de genocidio, así calificados en la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 29 de diciembre de 2023, que dio lugar a un primer fallo de la CIJ el 26 de enero de 2024, que dictó varias medidas cautelares, ordenando a Israel “tomar todas las medidas a su alcance para impedir posibles actos de genocidio en el enclave palestino”. Demás está decir que el gobierno agresor las desacató por completo.
Es cierto que esa primera sentencia no hablaba de un alto al fuego, pero meses después, ante la solicitud de urgencia de Sudáfrica por el genocidio en curso que ya había causado 40.000 muertes, sin que se puedan contabilizar aún los miles de cadáveres que están bajo los escombros de los edificios destruidos por los bombardeos israelíes, la Corte dictaminó el 24 de mayo de 2024, que Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza.
Finalmente, el 19 de julio de 2024, el más importante tribunal mundial de justicia, emite una histórica opinión conclusiva: son ilegales las políticas y las prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), ya que constituyen formas de ocupación y anexión que discriminan a la población palestina, violando la prohibición de la segregación racial y del apartheid.
La actual iniciativa diplomática de los Estados Unidos es anacrónica y desfasada, en relación con todos estos avances jurídicos en el plano internacional, a los que se suma el repudio mundial contra Israel y a favor del pleno reconocimiento de un Estado de Palestina, libre, soberano e independiente, que se aprobó en la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 13 de mayo de 2024, por 143 países que votaron a favor, 25 que se abstuvieron y apenas 9 que estuvieron en contra.
La fórmula que negocia Blinken es sólo una admisión de Washington de las duras condiciones fijadas por su aliado Benjamín Netanyahu, por lo que han sido observadas -aunque no todavía rechazadas- por el grupo radical islamista Hamás.
La Casa Blanca presiona por este acuerdo no por razones humanitarias, sino por pragmatismo electoral, tratando de poner en pausa el incómodo tema palestino para que no influya en la campaña presidencial estadounidense. Por supuesto, la simulación diplomática no va a detener los envíos de armas al régimen de Tel Aviv, muy al contrario de lo que hace el gobierno de Colombia, que suspendió la venta de carbón a Israel.
El gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro acaba de poner en vigencia un decreto que prohíbe, en forma inmediata, las exportaciones de hullas térmicas (carbón) a Israel como medida concreta de respuesta al genocidio contra el pueblo de Palestina, que el gobierno y las fuerzas armadas de ese país siguen cometiendo en la Franja de Gaza.
El decreto colombiano se basa y menciona explícitamente las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en el ya mencionado caso abierto por la denuncia de Sudáfrica por violaciones a la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.
