12/08/2024 (Ciudad de México). Con el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, que no puso ninguna observación a su contenido, se promulgó y entró en vigencia desde el sábado 10 de agosto, una ley que prescribe (caduca) los crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 1 de julio del año 2002.
La cuestionada norma, que ya ha sido publicada en el boletín de normas legales del “Diario Oficial El Peruano”, que es la gaceta de publicaciones de las leyes que entran en vigor, ha sido titulada: “Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”. Establece que los delitos que entran en las mencionadas categorías, “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”. Esto ocasionará que sean anulados gran cantidad de procesos judiciales por graves delitos cometidos durante la llamada “guerra contra el terrorismo en Perú”. Durante ese período (1990-2000) en que gobernó Alberto Fujimori, los militares aplicaron la “teoría del enemigo interno”, lo que llevó en forma muy parecida a la guerra sucia aplicada en Guatemala, a cometer asesinatos en masa y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Pasado el tiempo de los gobiernos civiles represores y de las dictaduras militares, las familias de las personas que fueron asesinadas o desaparecidas, o directamente los sobrevivientes, comenzaron a acudir ante los tribunales para demandar justicia, demandando a los autores materiales de los crímenes y a quienes les dieron las órdenes.
Para hacerlo se valieron del “Estatuto de Roma”, que es un tratado internacional suscrito el 17 de julio de 1998 en el seno de las Naciones Unidas, y que entró en vigor el 1 de julio de 2002, una vez que fue ratificado por 60 país (actualmente son ya 120 países). El Estatuto de Roma desarrolló el germen jurídico de los “Juicios de Nuremberg” de 1945, en los que algunos de los criminales de guerra nazis fueron procesados y sentenciados. Pero muchos de esos genocidas habían escapado, por lo que se estableció que los crímenes contra la humanidad que habían cometido no prescribían con el tiempo, y aunque fueran décadas las que transcurriesen hasta el momento que fueran aprehendidos, igual tendrían que rendir cuentas ante la justicia. Por supuesto, que tal concepto se aplica en todo tiempo y lugar donde se cometan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Por ello que la Ley recientemente aprobada en Perú, vulnera el concepto internacionalmente aceptado de que los crímenes contra la humanidad no prescriben (no caducan con el tiempo). Es una ley que fomenta la impunidad, al beneficiar de manera directa al mencionado ex presidente Alberto Fujimori y a seiscientos militares procesados.
Era lo que temía la Junta de Fiscales Supremos, que conducen el Ministerio Público del Perú, que en un pronunciamiento publicado hace dos meses afirmó: “El proyecto de ley resulta inviable jurídicamente toda vez que la acción penal y la sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”. Ni más ni menos, la ley promulgada por la presidente Dina Boluarte cierra las puertas a la justicia.
Lo curioso es que esta felonía autoritaria y regresiva en materia de derechos humanos, la comete el mismo gobierno peruano que, en la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su canciller Javier Gonzáles Olaechea cuestionó las elecciones en Venezuela. Recordemos que Olaechea causó polémica cuando, hace poco más de un mes, en un acto en la embajada de Francia en la ciudad de Lima, en sus palabras protocolares, no se le ocurrió mejor idea que rendir homenaje al general Philippe Petain, que durante la segunda guerra mundial, dirigió desde la ciudad francesa de Vichy un gobierno colaboracionista con Hitler, entregando a la Gestapo (policía política alemana) a gran cantidad de judíos y comunistas, que eran buscados por los nazis, y que luego murieron sean en la cárcel por torturas o en los campos de concentración.
