06/08/2024 (Ciudad de México). Luego de la captura de Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Jr., y el inminente juicio en su contra en Estados Unidos, la expectativa sobre las negociaciones o tratos que estos presuntos delincuentes puedan hacer con las autoridades estadounidenses ha crecido.
Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que “si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. Que se sepa cuánto apoyo le daban las autoridades, que informe quiénes lo protegían, todo esto va a ayudar mucho; y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos”.
Joaquín Guzmán López, de 38 años, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa desde 2017, es señalado hasta el momento como probable negociador con Estados Unidos para acordar su entrega y la del “Mayo” Zambada. Su liderazgo al frente del grupo criminal fundado por el padre, “el Chapo” Guzmán, resulta de gran importancia para conocer sobre las operaciones delictivas que se le adjudican.
Sin embargo, la fuente de información más relevante no proviene de él, sino de Zambada, quien junto con “el Chapo”, desde los años 80 fundaron uno de los cárteles más poderosos de México y Estados Unidos, lo cual, se presume, podría haber sido auxiliado y facilitado por autoridades en ambos países.
Señalamientos a funcionarios
Tan sólo en el reciente juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del ex presidente Felipe Calderón, la complicidad entre funcionarios federales y narcotraficantes fue ventilada por diversos testigos.
Entre estos testigos se encuentra Edgar Veytia Cambero, ex fiscal de Nayarit bajo el gobierno estatal priista de Roberto Sandoval, declaró que el gobierno de Felipe Calderón brindaba protección al Cártel de Sinaloa. Veytia Cambero, por su cuenta, fue acusado y sentenciado en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de los Beltrán-Leyva, un grupo surgido del Cártel de Sinaloa, para brindarles protección y facilitar el trasiego de drogas hacia su país.
En este mismo juicio, agentes del FBI (Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos), hicieron declaraciones en el mismo sentido pero sin afirmar dicha protección de funcionarios estatales o federales a los grupos del narcotráfico. Entre este tipo de testimonios se encuentra el del agente estadounidense José Moreno, quien afirma que un operativo para capturar a “el Chapo” fue malogrado debido a que las autoridades mexicanas bajo el mando de García Luna llegaron tarde para su ejecución, facilitando la huida del capo.
Por este tipo de declaraciones, confesiones y colaboraciones, la cooperación de Zambada con las autoridades de justicia estadounidenses podría revelar nuevas complicidades con altos funcionarios de México, toda vez que el cartel por él co-fundado ha estado activo durante las presidencias de los priistas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto y de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, este último perseguido por la sombra de la primer fuga de “el Chapo” de un penal de alta seguridad en 2001.
La postura de López Obrador
En su conferencia matutina, López Obrador afirmó recientemente que cualquier declaración o colaboración de estos narcotraficantes no afectará a su gobierno. “Nada de lo que declaren puede afectarnos”, aseguró el presidente, subrayando la independencia y transparencia de su administración.
En este mismo sentido, el mandatario se mostró a favor de que se transparenten todas las acciones emprendidas para combatir al narcotráfico, incluyendo la captura de Zambada y Guzmán Jr., ejecutada supuestamente en territorio estadounidense, pero por la cual la Fiscalía General de la República de México ya realiza una investigación.
A diferencia de sexenios anteriores, López Obrador ha enfatizado que las agencias de seguridad de Estados Unidos ya no operan libremente en territorio mexicano. En el pasado, éstas tenían una presencia significativa y, en ocasiones, actuaban sin la supervisión adecuada de las autoridades mexicanas. Sin embargo, bajo la administración actual, se ha establecido un marco de cooperación más equilibrado y respetuoso de la soberanía nacional.
La captura de estos líderes del crimen organizado y su posible cooperación con las autoridades podría marcar un punto de inflexión en la relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción institucional.
