30/07/2024 (Ciudad de México). En Caracas, el presidente constitucional Nicolás Maduro denunció un golpe de Estado en curso, con orientación fascista y contrarrevolucionaria, aplicando la estrategia de las llamadas “revoluciones de colores”, que Estados Unidos implementó en Europa Oriental y en países árabes. 

Estas revueltas se basan en el efecto político -que se logra utilizando el efecto de posverdad a través de los medios de comunicación hegemónicos y en las redes sociales- de mostrar las acciones violentas y destructivas haciéndolas pasar pormanifestaciones democráticas en favor de la libertad. La estrategia fue diseñada por el politólogo estadounidense Gene Sharp, al que paradójicamente se le conoce por haber escrito obras sobre la no-violencia como vía para lograr transformaciones políticas. Sin embargo, la aplicación práctica de sus enseñanzas, condujo a derrocamientos sangrientos como el del presidente Slobodan Milosevic en Yugoslavia el año 2000, o la caída de Victor Yushenko en Ucrania en 2004, o la defenestración de Hosni Mubarak en Egipto en 2011.

En el caso venezolano, Maduro acusó a la ultraderecha internacional, encabezada por el presidente de Argentina, Javier Milei, y los ex presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro y de Colombia, Álvaro Uribe, como los encargados de articular el apoyo internacional a la conspiración. Al interior de Venezuela señaló a María Corina Machado y Edmundo Gonzáles, como los operadores que están utilizando la conocida narrativa de “fraude” (que el mismo Maduro anticipó hace dos semanas que la oposición utilizaría), para desconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio. 

Machado y Gonzáles han convertido en su caballito de batalla la demanda de que el Consejo Nacional Electoral publique las Actas de votación. Sobre este pedido se ha pronunciado la argentina Marina Violeta Urrizola, integrante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), que en declaraciones efectuadas desde Caracas para el periódico bonaerense Página 12, afirmó que: “Hay una contradicción de la oposición respecto a la denuncia de fraude y el pedido de hacer públicos estos boletines. Cuando se hace el escrutinio en cada mesa, la máquina de votación electrónica imprime, en base a códigos QR, una tira (que es como un ticket de supermercado) que es el acta. El domingo, en el 95% de las mesas electorales los partidos tenían fiscales acreditados, por lo que la oposición ya tiene esos documentos que siguen reclamando sólo con fines políticos de desestabilización. Ahora bien, desde ayer dicen que tienen sus propias actas con sus propios resultados, eso sí que constituye una ilegalidad”. 

Ilegalidad en la que incurrió también el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que se atrevió a aseverar: “Que se reconozcan las actas electorales en poder de la oposición venezolana y que el presidente Nicolás Maduro reconozca la derrota y deje paso”. Ha sido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que salió al paso de esta torpeza injerencista de Almagro, preguntándole: “¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato (en Venezuela)? ¿dónde están las pruebas?”.

Queriendo aparecer como abanderado de la democracia, cuando en su país aplica duros métodos de represión policial a las protestas sociales, el neofascista Javier Milei escribió en sus redes: “Argentina no va a reconocer otro fraude. Dictador Maduro, afuera”. Su joven pupilo, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el mismo que ordenó la invasión de la embajada mexicana en Quito, violando varias convenciones internacionales, se sumó al coro injerencista declarando que “Venezuela se merece una elección libre y justa. Las elecciones no deben ganarse con amenazas o coerciones”. 

Por todas estas posturas hostiles contra el proceso democrático venezolano, y debido al golpe de Estado en curso, la Cancillería de Venezuela informó que se está replegando al personal diplomático de las embajadas venezolanas en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Asimismo, el gobierno ha conminado a esos países a que retiren de inmediato a sus diplomáticos de territorio venezolano. 

Esta decisión se da en ejercicio de la soberanía, debido a la abierta injerencia de esos gobiernos extranjeros desde sus sedes diplomáticas en Caracas, en asuntos internos de Venezuela, con la finalidad de agravar el conflicto para así forzar una intervención externa desde la desacreditada Organización de Estados Americanos.