01/07/2024 (Ciudad de México). “Si [se] avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las Fiscalías, son procesos”, afirmó el presidente López Obrador durante su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional.
El señalamiento de esta posibilidad se enmarca en el actual debate sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, el cual no sólo se realiza en los foros dedicados exclusivamente para este fin en el Congreso, sino en todos los frentes políticos, como el foro “Innovación en la Construcción de Paz y Seguridad desde lo local” también realizado en la Cámara de Diputados.
En este foro, Ernestina Godoy, futura Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que “hay que continuar con el reforzamiento, fomentando el trabajo de las fiscalías. Yo creo que es algo que sigue después de la reforma del Poder Judicial, todo el tema de procuración de justicia, de policías, para que realmente haya un acceso a la justicia” y señaló que entre estas reformas cabría esperar una homologación de las fiscalías.
El papel de las fiscalías y ministerios públicos
De acuerdo al INEGI, 9 de cada 10 personas víctimas de un delito prefieren no levantar una denuncia debido a su desconfianza en el Poder Judicial, pero también por la burocracia necesaria para levantar una denuncia ante los ministerios públicos o las fiscalías correspondientes.
Por esta dificultad para levantar una denuncia también se pronunció el presidente al señalar que “el caso de las fiscalías es el que se presenta la denuncia, y ahí también hay otra excusa de siempre, y ahora más, y es real: reciben la denuncia y no le dan trámite, tiene que haber influencia de por medio o dinero para que le den trámite”; razonamiento que abona a la necesidad de continuar la reforma al sistema de justicia tanto desde el poder judicial como desde las fiscalías.
Respecto a los ministerios públicos, primer punto de acceso de la ciudadanía para levantar una denuncia, el mandatario señaló que en ellos es importante que “no sólo les den curso a las denuncias donde hay abogados famosos de por medio, o hay influyentismo, sino que cualquier ciudadano que presente denuncia sea atendido y le den celeridad”.
Superadas las primeras dificultades para presentar una denuncia, ya sea por desconfianza en la impartición de justicia, apatía social, negación por parte de fiscalías o ministerios públicos, aún queda el largo camino que llevan a cabo estos órganos encargados de la investigación necesaria para presentarla ante un juez.
En 2022, el total de denuncias presentadas fue de dos millones 164 mil 789, de las cuáles sólo el 11% logró la judicialización del delito. Un 36% de este total fue catalogado como “archivo temporal”, lo cual significa un carpetazo temporal a la indagatoria sin resolverla y a la espera de algún factor externo que inste a la autoridad a continuar con la investigación. Con estos porcentajes, cada año crece el rezago de carpetas de investigación sin resolver, lo que se traduce en impunidad y escaso acceso de la población a la justicia efectiva y expedita.
La justicia en manos de los juzgadores
Una vez que las fiscalías o los ministerios públicos han logrado llevar ante un juez un caso con el expediente integrado, estos órganos tienen que enfrentarse a la tarea de convencer al juez sobre la culpabilidad de algún presunto delincuente. Es en este punto donde el presidente López Obrador ha señalado la mayor dificultad para la impartición de justicia, ya que, en su análisis, es aquí donde priva la corrupción y el tráfico de influencia para exonerar y brindar impunidad a delincuentes de cuello blanco o incluso a miembros del crimen organizado.
De acuerdo al primer mandatario, desde el Poder Judicial “alegan que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación”, sin embargo, criticó que quienes recurren a esto no tengan sentido común o un juicio práctico ni siquiera en los casos de personajes abiertamente reconocidos como integrantes de los cárteles del narcotráfico, como los casos del hermano de una de los líderes importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación o el hijo de quien dirigía el Cártel de Santa Rosa de Lima, que operaba en Guanajuato.
En este sentido, el tabasqueño cuestionó que “si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo, ¿por qué no se repone el procedimiento? ¿Por qué no le dice el Ministerio Público ‘oye, estás mal aquí, aclárame esto’? No que utiliza eso como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección, o se equivocó en la hora, o el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo, tantas cosas.”, por lo que señaló que al final, quien tiene el poder de decisión es el juez.
Por este motivo, para garantizar la justicia y la no impunidad, el tabasqueño se pronunció nuevamente a favor de la reforma al Poder Judicial “y luego a las fiscalías, a las procuradurías, y ministerios públicos, porque sí son las dos cosas”, pero acotó que “son procesos, llevan tiempo. Lo importante es iniciarlos, que no haya inmovilismo”.
