01/07//2024 (Ciudad de México). Todos los ministros que conforman actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidieron en que la realidad y el mandato en urnas el 2 de junio exige una reforma al Poder Judicial.
Durante el primer encuentro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial cada uno de ellos externó su opinión en un tiempo límite de cinco minutos. En orden de participación, esto fue la aportación de los ministros y ministras:
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció en contra de la elección popular, defendiendo el principio de carrera judicial considerando los méritos, antigüedad y experiencia para poder ejercer un cargo a través de los concursos de oposición.
Criticó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial por considerar que un solo cuerpo no debe ser juez, fiscal e instructor, además de que a su parecer las sanciones resultan ambiguas.
En cambio, respaldó la continuidad del Consejo de la Judicatura Federal, asegurando que se reciben las denuncias de posibles actos de corrupción y faltas administrativas y se encarga de hacer las correspondientes investigaciones y procedimientos necesarios para demostrar y sancionar a los funcionarios que han actuado indebidamente.
El ministro externó que en cuanto a las quejas por actos indebidos, “los casos de corrupción son la excepción y no la regla general”. A su vez propuso una sustitución gradual de los funcionarios conforme vayan dándose las vacantes, lo cual, argumentó, reduciría la posible afectación de los usuarios del Servicio de Administración de Justicia Federal.
Pidió de manera enfática tener especial cuidado con los derechos de los trabajadores en materia de jubilación y retiro. Declaró que no deben ser eliminadas a fin de proporcionar una culminación digna a quiénes han servido al Poder Judicial de la Federación.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, sin rodeos y de manera contundente, basó sus argumentos para aprobar la Reforma al Poder Judicial en datos oficiales de la propia institución que reflejan cómo se ha priorizado a los sectores más altos por encima de las demandas ciudadanas.
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El poder judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva; de cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado que incluso llega a considerarse derecho humano”.
Pidió al Poder Judicial responder a los intereses públicos y sociales, a ser confiables, rendir cuentas con transparencia y tener vocación de servicio.
Por su parte el ministro Juan Luis González Alcántara reconoció un auténtico reclamo de justicia que no ha encontrado remedio en el modelo actual de impartición. Señaló que de aprobarse la propuesta tal y como se presentó no se ofrece una solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de México, ni a nivel federal, ni local. Reclamó que incluso se pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial. Sin embargo, “muy a su pesar“, reconoció que no tienen más opción que contribuir y dialogar con los objetivos y los retos identificados en la iniciativa.
Declaró que en el caso de la elección popular de magistrados y jueces federales deben de tener un trato diferenciado respecto al que tienen las ministras y los ministros. Señaló que al ser postulados por los tres poderes podría buscarse sólo el voto popular, dejando de lado la carrera judicial, el mérito, la experiencia, lo que politizaría dichos nombramientos.
Javier Laynez Potisek reconoció que el Poder Judicial enfrenta fallas, carencias y problemas que deben atenderse, pero recordó que hace casi 30 años México apostó por la implementación de la carrera judicial que puso en el centro a jueces, juezas y magistrados para que éstos ocuparan su cargo con base a su preparación profesional. “Discúlpenme y lo digo con todo respeto, pero me rehuso a creer que 30 años después este Sistema sólo haya traído corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias”.
Indicó que parte de que se exija actualmente dicha reforma se debe a la incapacidad del Poder Judicial para comunicarse con la sociedad, “para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero por favor no tomen esto un acto de soberbia o de arrogancia, es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, discreta, en la soledad de su despacho y que sólo habla por sus sentencias”.
Pidió a quienes impulsan la reforma conocer a través de los testimonios de los ministros cómo llegaron al Poder Judicial, cómo es la carga de trabajo, por qué el rezago, entre otros puntos.
Yasmín Esquivel Mossa declaró como imperioso el deber efectuar los cambios que requiere la impartición de justicia para recuperar la confianza ciudadana. “El mandato de las urnas fue claro y no se pueden poner una venda en los ojos ante una nueva realidad social”.
Aseveró que la elección de los funcionarios mediante el voto será una forma de recuperar la confianza ciudadana, pero exigió que quienes sean postulados cuenten con la preparación jurídica y conocimiento de las materias sobre las cuales van a juzgar.
Se pronunció a favor de la sustitución de forma escalonada conforme se vayan desocupando los cargos de manera natural, ya sea por renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa.
Explicó que desde su perspectiva existe el reto mayor de mantener la independencia y autonomía respecto a los demás poderes constituidos, inclusive con relación a los otros poderes o grupos fácticos o económicos: “Hoy el reto que tenemos es generar consensos, identificar los puntos de acuerdo entre la elección directa como fue el mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos, asegurar el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras en beneficio de los justiciables y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable”.
En su participación anexó una propuesta de siete puntos: la elección por voto popular de todos los integrantes de la SCJN y del Tribunal de Disciplina Judicial; sustitución progresiva de jueces, magistrados y magistradas; garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles de juzgadores que participarán; respeto a los derechos laborales de todas y todos; la observancia, la paridad de género; los jueces cercanos a la gente; y la justicia para todas las personas por igual.
El ministro Alfredo Gutierres Ortiz Mena se enfocó en la independencia judicial y su importancia en la economía judicial. Aseguró que la independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico: “La independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia”.
Señaló que una reforma como está es importante en la economía nacional porque, en sus palabras, “una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico”. Expresó que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular debe considerar el impacto económico de un mal diseño “Esto podría generar un costo para quienes usan el Sistema de Justicia. Ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”
Agregó que el modelo de elección podría generar barreras para los usuarios que beneficien a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar, lo cual afectará la confianza pública, la inversión y el desarrollo económico a largo plazo.
Gutiérrez Ortiz también agregó una serie de propuestas: Profesionalización del Poder Judicial mediante capacitación permanente; Garantía de estabilidad en el cargo, y agregó que sólo se deben sancionar a los jueces bajo criterios de disciplina objetivos y técnicos; Remuneración justa y un plan de retiro digno; Profesionalización de los litigantes; Revisión de los Poderes Locales con presupuesto fijo, propuesta que debería ser considerada también para el Poder Judicial, y Fortalecimiento del arbitraje.
En su intervención el ministro Alberto Pérez Dayán manifestó que toda reforma requiere de su mayor estudio, sin prisas, ni arrebatos que pongan en riesgo alguno. Recordó que la nacionalización de septiembre de 1982 culminó con el Fobaproa de 1996 “resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”.
Payán destacó tres temas: Prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que otorga la SCJN significa también admitir la violación de derechos humanos si esas normas resultan inconstitucionales; Suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy, al instrumento jurídico más avanzado de nuestra tradición jurídica. Esto protegerá sólo a quien tiene mayor recurso; y que la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia, la militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf se enfocó en los mecanismos de selección de la SCJN. Declaró que es comprensible la preocupación de la ciudadanía por la manera en la que se ha dado la asignación de los cargos y enfatizó la necesidad de encontrar los mecanismos que garanticen el adecuado desempeño de sus funciones.
Recordó que conforme el Sistema Interamericano señala que lo más importante es el que existan garantías que aseguren que éstos no sean realizados, ni percibidos como decisiones de carácter político, afectando así la convicción de los justiciables: “Lo más deseable a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la Reforma del Poder Judicial a las personas justiciables”.
Ana Margarita Ríos Farjat pidió tener claro que los poderes judiciales son distintos entre sí, refiriéndose a los locales, al Poder Judicial de la Federación, y otros, que no están siendo integrados en la Reforma: “Además debe reconocerse que México enfrenta una dura y añeja realidad y es que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda, de atención a las víctimas, como parte del Sistema de Justicia”
Ríos Farjat considera que la reforma debe estar orientada a resolver problemas, no según la ilusión, sino según la realidad, no desarreglar lo que funciona para no crear problemas, ser económica e implementarse con sencillez.
Además, propuso que se designen magistrados por los propios estados con la suficiente preparación, para lo cual subrayó, se requerirán recursos.
Por su parte Luis María Aguilar Morales coincidió con los argumentos de Gutiérrez Mena y con los principios de independencia de la judicatura expedidos desde 1985 en Naciones Unidas, aprobadas por México en la Asamblea General. Refiriéndose a principios como la inamovilidad, las condiciones salariales, los nombramientos adecuados, “con lo que México debería estar de acuerdo para poder seguir adelante” afirmó.
Declaró que en sus 55 años de trayectoria ha visto una evolución y perfeccionamiento en la elección de los juzgadores y reiteró que debe hacerse distinción entre los niveles de poderes. También aprovechó para reclamar lo que considera ha sido una limitación a las facultades de la SCJN, asegurando que la misma está comprometida conforme a la Ley a buscar la mejor “interpretación” en favor de los derechos humanos. Sin embargo, señaló que siempre se puede perfeccionar las instituciones.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, pidió ser la última en tener la palabra. Expresó que se trata de un momento crucial de la historia debido a que se aborda un tema de trascendencia que involucra a los tres poderes de la Unión, no sólo a nivel Federal sino también local, en busca de un mismo objetivo; mejorar la justicia en México.
Mencionó que el Poder Judicial de la Federación, meses atrás, convocó a la elaboración de una agenda nacional de seguridad y justicia con el fin de construir una “visión de justicia” desde las perspectivas de las víctimas. Aseguró que cualquier reforma judicial debe responder principalmente a sus necesidades.
Compartió que desde hace cuatro meses el Poder Judicial ha tenido un acercamiento con la ciudadanía a través de mesas de escucha, donde la población pueden externar sus apreciaciones, demandas y exigencias respecto al Sistema Judicial.
Norma Piña, se pronunció en favor de hacer una crítica, pero solicitando que se realice desde datos y hechos reales. Concluyó asegurando que existe total disposición, pero declarando que “el paso veloz sólo puede dar entrada a problemas mayores”.
