01/07/2024 (Ciudad de México). Sin sutileza alguna, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, encaró a sus compañeros ministros y representantes del Poder Judicial, brindando argumentos sustentados en datos oficiales de la propia institución que explican el por qué la indispensable urgencia de una Reforma Constitucional al Poder Judicial.
“Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos” enfatizó la ministra Batres.
Agregó que no se trata de una apreciación subjetiva, para lo cual brindó los siguientes datos: “De cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua; en contraste se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado que incluso llega a considerarse derecho humano”.
Al cuestionar si es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano aseguró que no, y que considera que cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia, tarea en la cual ha fracasado.
Explicó que de manera concreta la reforma propone tres temas cruciales: la elección de personas juzgadoras; sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración; y el acatamiento de límite de remuneraciones previstas en el Artículo 127 Constitucional.
Señaló que la reforma abre al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general, crea mecanismos de control que le han faltado para garantizar la rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. Agregó que también se busca que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas, impuesto hace 14 años, “cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo”.
Lenia Batres anexó las siguientes propuestas:
- Limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado, y dimitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa.
- Limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios.
- Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en la que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios.
- Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros de la Suprema Corte. Destacó que de acuerdo con nuestra Constitución “no existe la supremacía Judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes”.
- Aunque señaló que el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, debe expandir sus propias facultades para revisar los mecanismos de cumplimiento, de ejecutorias, de juicios constitucionales, para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias.
- Propuso revisar quién tuvo la última palabra en la interpretación constitucional.
Batres señaló que las principales víctimas de la ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. “Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos, que justicia en las y los abogados, o los jueces mexicanos”.
Además, compartió el sentir general de la sociedad: “Para nuestra población la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista. corrupta, parcial. En una palabra, en una palabra, es injusta”.
Concluyó manifestando que la sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia quien sufre, con humildad y vocación de servicio.
“Las y los impartidores de justicia, no somos dueños del Poder Judicial, su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno” finalizó la ministra Lenia Batres Guadarrama.
