24/06/2024 (Ciudad de México). En Guatemala, los desalojos forzados de comunidades campesinas ordenados por el Poder Judicial, están desgastando al proceso de cambios abierto el año pasado con la derrota electoral de los partidos de derecha.
Fue la irrupción en las urnas del Frente “Semilla” que, junto a la movilización de sectores populares e indígenas en todo el país, llevó en enero de 2024 a la presidencia a Bernardo Arévalo, un académico identificado con la lucha contra la corrupción del sistema político. Se trató de un triunfo electoral que hizo saltar por los aires el control que ejercían sobre el gobierno los partidos políticos tradicionales (el Conservador y el Liberal), que se alternaban en el ejecutivo sin modificar el statu quo.
El ascenso de Arévalo también significó el ingreso en el Congreso de bancadas legislativas representativas de sectores progresistas, independientes, de pueblos originarios y de sectores populares, que incrementaron su presencia, aunque la mayoría congresal la siguen teniendo esos partidos tradicionales.
Pero hasta el momento se mantiene hermético el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público. El nuevo gobierno de Arévalo no ha podido modificar en lo esencial la relación que existe en Guatemala desde hace muchos años, entre el poder económico y el poder judicial. Esto explica que, aún en el nuevo contexto de un gobierno como el actual, alejado de los terratenientes y grandes hacendados y que impulsa procesos de redistribución de tierras, sigan emitiéndose resoluciones judiciales favorables al agropoder guatemalteco.
En lo que va del año 2024, ya hubo diez violentas expulsiones, con apoyo de la fuerza policial ordenado por las autoridades judiciales, de asentamientos de productores campesinos e indígenas mayas que hace algunos años tuvieron que dejar sus lugares de origen debido a desastres naturales y reasentarse en tierras en las que no se realizaban, hasta que los ocupantes llegaron, ningún tipo de producción agrícola o pecuaria.
Pero lo más preocupante es que, en medio de los operativos policiales, se ha detectado el accionar de grupos de civiles violentos contratados por los grandes hacendados. Estos elementos armados fueron los que dispararon y mataron el pasado 5 de junio al campesino defensor de los Derechos Humanos, José Alberto Domingo, hiriendo gravemente a su colaborador Marcelo Yaxon Pablo, que murió cinco días después.
El Poder Judicial guatemalteco expide los mandamientos en forma abusiva, sin ninguna coordinación con las autoridades del Departamento Agrario Nacional (DAN) y de derechos humanos del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Organizaciones que aglutinan a trabajadores agrarios, como el “Comité de Unidad Campesina” (CUC) condenó las amenazas, los desalojos y las acciones violentas de los últimos meses, que dejaron el saldo de las dos muertes reseñadas. Un comunicado de la CUC del 10 de junio de 2014, señaló específicamente a “finqueros, fiscales del Ministerio Público y jueces vinculados al Pacto de Corruptos que se acostumbró a gobernar el país, y que son los que están cerrando la posibilidad de encontrar soluciones pacíficas y legales para asegurar a los campesinos sin tierra suficiente su derecho al acceso a condiciones de vida dignas”.
Los casos de violencia en desalojos ya fueron presentados, en un documento de denuncia escrito, firmado por los damnificados y dirigido al relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, quien es de origen maya kaqchikel. Se solicitó a Cali Tzay que también visite los asentamientos de indígenas sin tierra o con tierra insuficiente.
