21/06/2024 (Ciudad de México). El gobierno de Daniel Noboa anunció ayer en Quito la eliminación del subsidio a la gasolina, que entrará en vigor en diez días. Bajo distintas modalidades, en ciertas coyunturas con coberturas más elevadas y en otros momentos con techos más bajos, este subsidio ha estado vigente en Ecuador desde 1974. Fue entonces que comenzó a aplicarse el apoyo estatal, bajo la lógica de que un país que produce petróleo no puede vender sus derivados (gasolina, diessel) a sus ciudadanos a precios internacionales, sino a un precio doméstico más bajo como una forma de incentivar la economía nacional. Ahora se impone otra lógica: los usuarios de combustibles deben pagar un precio real por ellos de acuerdo a estándares internacionales, no debiendo el Estado incurrir en un gasto al subsidiarlos.
Lo que está haciendo el presidente Noboa es parte del programa de ajuste fiscal, una condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la otorgación de nuevos préstamos, en lo que es una abierta injerencia económica aceptada por los tres más recientes gobiernos.
Es larga la historia de la injerencia del FMI en Ecuador. Comenzó en 1961, en la última presidencia de José María Velazco Ibarra, un veterano político que llegó por cuatro veces a la Casa de Carondelet (Palacio de Gobierno), declarándose dictador en dos de ellas. El Fondo tuvo su mayor poder con la instauración en 1984 del modelo neoliberal en la gestión de León Febres Cordero. Por casi veinte años el FMI fue la entidad económica más decisiva en el país, hasta que en 2003 el presidente Lucio Gutiérrez comenzó a quitarle poder. Poco después, durante el decenio que gobernó el izquierdista Rafael Correa (2007-2017), se prescindió por completo del ente internacional, logrando Ecuador sus mejores desempeños de crecimiento. Recordemos que para Correa la renegociación de la deuda fue uno de los pilares de su gestión, buscando la soberanía financiera.
Fue Lenin Moreno en 2018, luego de dar un pronunciado giro hacia la derecha desde el correísmo con que fue electo, que abrió las puertas nuevamente a la injerencia externa. Al principio sólo fueron créditos del tipo “stand by” que le permitieron a Moreno obtener liquidez en 2018, en circunstancias en que era urgente la reconstrucción de la región del Manabí, devastada por un terremoto meses antes. Con un crédito tras otro, rápidamente el saldo de la deuda externa del país volvió a subir, alcanzando un saldo de $us 48.123 millones en febrero de 2023, según datos del Banco Central del Ecuador, siendo la deuda con las entidades multilaterales (el FMI la más importante) la de mayor volumen y la que más crece de ese total, pues llegó a $us 24.268 millones.
Pero el FMI se asume no sólo como una multilateral financiera, sino como un ente rector económico en aquellos países con los que tiene un volumen de deuda elevado. Con esos países, como es el caso de Ecuador, acuerda los “Programas de Servicio Ampliado” (PSA). Estos programas implican la aplicación de medidas de ajuste estructural en el orden fiscal, tributario, laboral y monetario. Moreno aceptó un primer PSA en 2019, su sucesor Guillermo Lasso acordó un segundo el 2020 y Daniel Noboa en marzo de 2024 se comprometió a un tercero.
El impacto inmediato de la eliminación del subsidio que acaba de dictar Noboa será un incremento de hasta el 11% en el precio de la gasolina, lo que va a generar un efecto de cascada en otros precios de servicios como el transporte público y en productos alimenticios. Esto fue advertido por los sindicatos y organizaciones populares que hace dos semanas realizaron marchas en Quito y en Guayaquil, tratando de frenar el gasolinazo.
El presidente Daniel Noboa, cuya ideología es abiertamente neoliberal en lo económico, afirma que, con los 600 millones de dólares del recorte, se podrá fortalecer la infraestructura y el gasto social, pero no hubo incrementos presupuestarios para estos rubros.
