A partir de un amparo concedido a la familia de Lucio Cabañas, ministros definen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles
13/06/2024 (Ciudad de México). Este miércoles 12 de junio de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos durante la “Guerra Sucia”, como se le conoce en México a la estrategia de persecución de la izquierda radical en el periodo entre los años setenta y noventa del siglo pasado.
En consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá reabrir las indagatorias relacionadas con estos delitos, toda vez que la imprescriptibilidad mantiene como vigentes los casos de violencia de Estado por razones políticas. Para ello, cuenta con 12 meses para reabrir la carpeta de investigación y decidir si ejercerá acción penal.
La decisión fue tomada a raíz del amparo promovido por la familia de Lucio Cabañas, líder guerrillero histórico y víctima de la Guerra Sucia. Los familiares del fundador del Partido de los Pobres –como llamaba a su movimiento político– buscaban impedir que la FGR cerrara su caso, luego de que en enero de 2022 la dependencia hubiera declarado como prescritos los delitos de detención ilegal y tortura cometidos por elementos de seguridad del Estado mexicano en los años setenta.
Sin embargo, dado que el cierre de estos casos representaría un obstáculo para acceder al derecho a la verdad y la justicia en delitos considerados de lesa humanidad, la SCJN optó por su imprescriptibilidad. El fallo fue emitido por la Primera Sala del máximo órgano de justicia. Los ministros que votaron a favor fue el elaborador del proyecto, Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como Loretta Ortiz Ahlf, Jorge Pardo Rebolledo y Ana María Ríos Farjat, mientras que el único que votó en contra fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Aunque el caso sienta un precedente que puede repercutir en el avance de otros casos vinculados a la violencia de Estado ejercida en el contexto de la Guerra Sucia, es apenas un paso en un camino largo lleno de resistencias institucionales y negacionismos. Al menos así lo considera Félix Hernández Gamundi, presidente del Comité 68 y activista por el derecho a la memoria y la justicia.
Si hay alguien que conoce de cerca la materia es Félix, pues, en conjunto con otros activistas y víctimas, ha impulsado el acceso a la justicia en el caso de la represión estudiantil ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Félix narra cómo el máximo órgano de justicia falló en favor de mantener vigente la investigación de los delitos de quienes ordenaron y perpetuaron la mayor masacre del México postrevolucionario, tal como en el caso de Lucio Cabañas:
“nosotros, en el caso del 68, pasamos por un proceso parecido donde el Ministerio público y la entonces PGR [Procuraduría General de la República, antecedente de la FGR] se negaron sistemáticamente a investigar el caso del 68 con el mismo argumento de que ya había prescrito; hasta que ganamos un amparo en la Corte que le ordenó la PGR de entonces abrir la averiguación previa correspondiente”.
Es decir, no se trata del primer evento en el que la Corte ordena la reapertura de los casos vinculados con la violencia de Estado en México, por lo que los ministros podrían ir aún más lejos y atraer otros casos paradigmáticos, como el de Ayotzinapa: “debería haber atraído ya, desde hace mucho tiempo, el caso de Ayotzinapa, y no lo hace. Y el caso del 68, del [halconazo del] 10 de junio y la guerra sucia, tanto la Fiscalía General de la República como la Corte lo tienen allí con la congeladora”, asegura Félix.
Como parte de estas omisiones, Félix apunta que la gran mayoría de los jueces no llevan a cabo un trabajo para mejorar la calidad de los casos y que, por el contrario, tienden a evitar abordarlos o simplemente desecharlos, amparados muchas veces por minucias técnicas: “los jueces están apoltronados esperando a que un fiscal, a que un agente del MP les entregue en bandeja los casos ya terminados, y eso nunca sucede, [porque] es un trabajo que tienen que hacer entre las dos instancias”.
El activista observa en esta resistencia un verdadero obstáculo para acceder a la verdad, así como a la justicia por violencias en contra de civiles por razones mayoritariamente políticas: “ni la Corte, ni la Fiscalía General de la República les gusta meterse en lo que son casos de orden político, lo cual es muy grave, porque son los que siempre están vinculados con la violación de derechos humanos y de derechos fundamentales de las personas”, explica.
Para llevar a buen puerto los casos de la Guerra Sucia, Félix asegura que se vuelven necesarios tres factores: “el primero es la manera en que jurídicamente las víctimas presenten los casos; el segundo es que haya un trabajo pulcro, comprometido, del aparato de procuración, en este caso, en plural, de las fiscalías; y tercero, que haya voluntad política”. Sin embargo, aunque afirma que los activistas han presentado adecuadamente las denuncias, aún queda pendiente la pulcritud en el trabajo de las instancias de justicia, así como la voluntad de funcionarios y políticos.
Por otro lado, dadas las resistencias institucionales para avanzar en los casos por la violencia estatal, Félix reconoce a la familia de Lucio Cabañas a partir del fallo de la Corte, sobre todo por “la insistencia, la persistencia en estar picando piedra todos los días durante tanto tiempo”, asegura. En ese sentido, Félix también considera que la movilización de la población para exigir justicia puede influir en las voluntades y acelerar los procesos:
“El otro factor que permite avanzar en la acción de la justicia es la población movilizada: a fuerza de zapato en la calle es como se han conseguido los pocos avances que tenemos en este terreno. Entonces, efectivamente, toca que los familiares se mantengan tercamente insistiendo, pero eso no basta. También se necesita la solidaridad de la población”, explica el histórico líder estudiantil.
Una gran parte de la lucha por la verdad y la justicia de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la hegemonía priista del siglo XX ha avanzado a una nueva etapa, sobre todo luego del impulso que, en un inicio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador logró en casos vinculados con la violencia de Estado.
Para ello, se consolidaron fiscalías especiales para las investigaciones, así como la Comisión de Verdad y Justicia de la Secretaria de Gobernación, de la cual forma parte el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Sin embargo, otros actores vinculados con la estructura estatal han actuado o reaccionado en detrimento de la verdad y la justicia, los cuales abarcan desde la Fiscalía hasta las cúpulas militares, pasando por los jueces y políticos de todas las corrientes.
Sin embargo, Félix mantiene la expectativa de que, con el cambio de gobierno, se pueda influir de manera positiva en el desarrollo de los casos. Félix considera que la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la silla presidencial representa “un verdadero cambio generacional”, recordando que la doctora, aunque era muy joven en el 68, “creció vinculada a los movimientos sociales, de la UNAM y otros sectores”. Debido a ello, espera que la legitimidad con la que llega la nueva presidenta “se traduzca en la construcción de un camino nuevo que permita avanzar en todas estas demandas pendientes, en estos anhelos pendientes que están vigentes desde hace 40, 50 años o más”, concluye.
