30/05/2024 (Ciudad de México). En Brasil, en un revés político que se debe analizar como una alerta al presidente Lula da Silva, el Congreso Nacional rechazó una importante ley promovida por el gobierno. Se trata del “Proyecto de Ley brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet” -más conocido como “ley contra las fake news”- que estaba radicado en el legislativo desde abril de 2020, cuando fue presentado en el contexto de la pandemia del Covid 19, que requería evitar que las desinformaciones que circulaban en redes sociales sobre la enfermedad, tuvieran efectos devastadores en la salud pública. Es así que el proyecto calificaba la difusión de noticias falsas como delito penado con entre uno y cinco años de cárcel.
De la inicial versión aprobada en el Senado por la mayoría de los 81 miembros de esa Cámara ese mismo año, y que pasó a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue perdiendo impulso al comenzar a ser modificado.
Pero seguía siendo una herramienta jurídica que permitía investigar penalmente las campañas de guerra sucia y los discursos de odio que efectúan en Brasil grupos ultraconservadores vinculados al ex presidente Jair Bolsonaro. Precisamente Bolsonaro ganó las elecciones el año 2018 en base a una campaña de difamación y ataques personales por la red Whatsapp contra el postulante izquierdista Fernando Haddad, su familia y todas las figuras públicas que declararon simpatía por su candidatura.
En mayo de 2023, después que Lula asumió como presidente del Brasil, y traslargas discusiones en la Comisión conformada para analizar el proyecto, el relator designado, el diputado Orlando Silva del Partido Comunista de Brasil, logró obtener los votos necesarios para una moción de tratamiento de urgencia en el plenario. Sin embargo, al no tener los votos suficientes que aseguraran su aprobación por una Cámara que tiene 513 diputados, Silva mismo pidió postergar el escrutinio.
Este año 2024 estalló un conflicto entre el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, con uno de los magnates de las grandes tecnológicas, Elon Musk, dueño de X (antes Twitter). Musk había atacado al juez tildándolo de “dictador” y “censor”, por lo que fue notificado judicialmente con el peso de las leyes brasileñas, para que proceda a bloquear perfiles de bolsonaristas brasileños en su plataforma.Este enfrentamiento se dio por las investigaciones contra el ex presidente Bolsonaro por haber difundido, durante la pandemia el 2020, una noticia falsa que relacionaba la vacuna anticovid con el contagio del sida en un video en redes sociales, que fue rápidamente retirado luego que se viralizara. También por otra causa penal sobre la campaña en redes sociales que armó contra el Poder Electoral, para intentar cambiar el resultado de la elección en la que fue derrotado por Lula, en octubre de 2022.
Desde que hace meses Moraes y Musk chocaron, la campaña contra el proyecto de ley sobre desinformación y fake news se reforzó con el looby de las grandes plataformas de internet. Ahora la bandera era la libertad de información y que cualquier regulación llevaría a la censura. Así se dio un pacto en los hechos entre las tecnológicas y la ultraderecha brasileña, mientras aquellas defendían sus negocios, esta evitaba una ley que les ponga límites y penalice su acción.
En la votación decisiva, no toda la coalición de gobierno votó a favor, desmarcándose algunos aliados de centroderecha, que incluso tienen ministerios en el ejecutivo con Lula da Silva.
Esto contraste ocurre en el difícil momento actual, marcado por los enormes esfuerzos que realiza el gobierno brasileño por socorrer a los damnificados y reconstruir toda la infraestructura civil dañada por el desastre ambiental que causó inundaciones en el sur del país. Y mientras los bolsonaristas siguen desplegando campañas de desinformación que están logrando desgastar el apoyo al presidente de izquierda.
