En medio de una larga disputa por recuperar el territorio de la mina Calica, en Quintana Roo, para impedir que continúe un ecocidio en la zona, los gobiernos de México y Estados Unidos defienden sus intereses. En voz de Antony Blinken, secretario de Estado, una expropiación de la superficie no atrae inversión. Por su parte, el presidente de México, López Obrador, declaró que México no quiere inversiones que destruyan el territorio.
22/05/2024 (Ciudad de México). “Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio”, afirmó durante su conferencia matutina el presidente López Obrador luego de que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, criticara las acciones del gobierno mexicano en el caso de la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials.
El secretario refirió que una supuesta expropiación de los terrenos en Playa de Carmen, propiedad de la empresa minera, “no es una buena forma de atraer inversiones”. Sin embargo, el presidente mexicano puntualizó que no se trata de una expropiación, sino de una defensa del medio ambiente al impedir que se devaste la región y el ecosistema. Incluso, el mandatario sugirió que es posible “que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio”.
Contrario a los argumentos de la Casa Blanca sobre las dudas sobre seguridad jurídica en México con la postura del actual gobierno, al último reporte de la Secretaría de Economía durante la actual administración se ha incrementado de manera sostenida la inversión extranjera.
Vulcan Material se ha cerrado al diálogo
En agosto de 2022 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó un dictamen en el que advertía sobre los daños irreversibles que ha provocado la empresa estadounidense. Ante este hecho, el presidente López Obrador propuso a Vulcan Material la compra de toda la superficie, tanto la parte afectada como la reserva que aún no ha sido devastada. Incluso ha declarado que firmará una declaratoria de Área natural Protegida para impedir el ecocidio cometido durante más de 30 años en la región.
Sin embargo, la empresa no ha dado respuesta alguna pese a los avalúos hechos por la administración federal mexicana y la propuesta de compra por más de 6 mil 500 millones de pesos por las 2 mil 400 hectáreas, y de las cuales 400 ya han sido devastadas.
Por el contrario, la minera ha recurrido a instancias internacionales para dirimir sus diferencias con el gobierno mexicano y proteger así sus intereses de explotación. Frente a esta negativa sostenida, López Obrador ha afirmado que “mientras yo esté de presidente no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio”.
Estados Unidos, principal beneficiario
Los derechos de explotación minera en este territorio fueron autorizados por los últimos gobiernos priistas del siglo pasado, gracias a lo cual durante las últimas décadas han extraído minerales por debajo del manto freático, con lo cual violan todas las leyes ecológicas para después llevar todo ese material “a Estados Unidos para arreglar las calles de sus ciudades y carreteras, destruyendo nuestro territorio”, recordó el titular del Ejecutivo mexicano.
Desde hace tres años, el gobierno federal ha clausurado las operaciones en la mina Calica, donde hace tiempo se advirtió que continuaban con ellas pese dicha clausura, por lo que recurrió al resguardo del lugar para evitar que se continuara con el ecocidio producido por la extracción de los minerales.
Actualmente, el conflicto se encuentra en arbitraje internacional y a la espera de un fallo, posiblemente en Agosto de este año. A pregunta expresa por la posibilidad de una resolución adversa a los intereses de México en la zona devastada, López Obrador adelantó que se revisará la aplicación de leyes nacionales en la materia, pero criticó que durante el periodo neoliberal se hayan firmado “acuerdos internacionales que están por encima de nuestra Constitución”.
Además, señaló que la razón en continuar con la extracción de materiales en Calica proviene de los intereses económicos de las compañías estadounidenses, las cuales presionan a sus legisladores y “tienen mucha influencia en el Congreso” porque “las corporaciones económicas son las que aportan dinero a los senadores, a los diputados, incluso a los presidentes. Entonces, cuando un senador llega a su cargo tiene que defender a la empresa que le dio dinero”, como es el caso de Calica y Vulcan Materials.
