En tres países de Centroamérica el aborto está prohibido, a pesar del avance de la marea verde en América Latina. Uno de ellos es Honduras, quien por primera vez en la historia es llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas por prohibirle a una mujer indígena el aborto luego de haber sido víctima de violencia sexual. 

12/04/2024 (Ciudad de México). Por primera vez en la historia Honduras llega ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas por haber prohibido el servicio de interrupción del embarazo a Fausia, una mujer de origen nahua que fue víctima de violación y que fue forzada a llevar el embarazo, dado que en este país este servicio de salud sexual y reproductiva está prohibido en su totalidad.

“Ni siquiera en casos de embarazos producto de violencia sexual o embarazos que ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres el servicio de salud está permitido. Esto se inscribe además en un contexto en donde en Honduras han sido prohibidos otros servicios de salud esenciales”, señala a De Raíz Carmen Cecilia Martínez, directora de Estrategias Legales del Programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, organización que lleva el caso. 

Junto al Centro de Derechos de Mujeres presentaron el caso de Fausia con el objetivo de que se le ordene al estado hondureño modificar su marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción del embarazo, normativa reforzada tras una reforma constitucional aprobada en el año 2021. 

“Se busca no sólo una reparación integral para Fausia y su familia, también que el Comité pueda disponer medidas de no repetición. También exigirle a Honduras que modifique su Código Penal, que prohíbe y penaliza el aborto, para que pueda alinearlo con las recomendaciones de  la Organización Mundial de la Salud (OMS) que establece que el aborto es un tema de salud pública. Y además que eliminen todas las barreras para que mujeres, niñas y personas gestantes puedan acceder al aborto” sentenció Carmen Cecilia Martínez.

La abogada señaló a De Raíz que apenas el año pasado se autorizó el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE), aunque lamentó que el acceso continúa limitado en Honduras, lo que afecta, principalmente, a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, en su mayoría, en condición de pobreza y de pueblos indígenas. 

Que no se repita el caso de Fausia 

Fausia, defensora de derechos humanos hondureña del pueblo nahua, fue víctima de agresión sexual por dos hombres como represalia por su trabajo en defensa del territorio.  Producto de esa agresión quedó embarazada. Al asistir al hospital para solicitar la interrupción el personal médico la intimidó y amenazó con denunciar si abortaba. Como consecuencia, Fausia tuvo que asumir una maternidad forzada.

“En los códigos penales de Honduras, el de 1983 y 2019 (este último está vigente), se contemplan penas de tres a 6 años de prisión para las mujeres que voluntariamente interrumpan su embarazo y del mismo modo para quienes realizan el procedimiento”, explica Carmen Cecilia Martínez. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Honduras, cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a llevar a término embarazos productos de violencia sexual.  Según explica Martínez, hasta 2019 la segunda causa de hospitalización de mujeres en Honduras fue por abortos inseguros: “La penalización del aborto no evita que las mujeres y las niñas dejen de acudir a abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud. Además también las disuade de buscar ayuda o de buscar servicios integrales de salud postaborto por miedo a ser criminalizadas”.

Cada 22 horas una mujer es asesinada en Honduras y al menos una de cada 4 ha sufrido abuso físico o sexual de una pareja, según una encuesta de 2011-2012.  En el país centroamericano, de acuerdo con datos de Human Right Watch, se estima que por lo menos 40 % de embarazos no fueron planificados y son producto de violaciones. Asimismo, más de 30 mil adolescentes de entre 10 y 19 años dan a luz cada año. 

Avanzan derechos, se teme retrocesos en América Latina

Carmen Cecilia Martínez recuerda que en América Latina la “marea verde” ha sumado triunfos. Tal es el caso de México, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, a finales de 2023, despenalizar el aborto a nivel federal. Así mismo, países como Colombia lograron el año pasado que la Corte Constitucional retirara el aborto del Código Penal para erradicar la criminalización hacia las mujeres. “El movimiento que lucha por los derechos reproductivos a nivel regional ha hecho unos esfuerzos históricos en Argentina, en Uruguay, Colombia, en México”, recorda la abogada, quien señala que los gobiernos de ultraderecha en la región buscan detener los avances.

En Centroamérica tres países tienen prohibido el aborto en su totalidad: El Salvador, Honduras y Nicaragua.