08/04/2024 (Ciudad de México). El violento allanamiento a la legación diplomática mexicana en Quito constituye una violación de la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” que data del año 1961, y que establece que las sedes diplomáticas tienen carácter de inviolabilidad, por lo que los países receptores están obligados a darles protección. Esto se ha respetado por todos los regímenes sudamericanos, siendo el último antecedente nefasto el de junio de 1976, cuando la maestra anarquista uruguaya Elena Quinteros Almeida, que había logrado saltar la reja de la embajada venezolana en Montevideo en búsqueda de protección, fue capturada por los esbirros de la dictadura uruguaya.
Por ello no es exagerado afirmar que lo que no se atrevieron a hacer las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Jorge Rafael Videla en Argentina –consideradas las más sanguinarias del continente en el siglo veinte- lo acaba de hacer el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.
Noboa es el joven heredero de la fortuna del multimillonario Álvaro Noboa. Ganó de manera ajustada las elecciones ecuatorianas de octubre de 2023, para ejercer una corta presidencia que concluye en mayo de 2025. Comenzó su mandato mostrando un perfil de amplitud democrática, lo que le permitió lograr un “pacto de gobernabilidad” en la Asamblea Nacional con el partido de Rafael Correa. A la luz de los hechos posteriores –dictó el Estado de excepción militarizando Ecuador, mandó a reprimir a los indígenas en Cotopaxi y ordenó el allanamiento de la embajada de México en Quito- ese acuerdo –hoy anulado- fue un error del correismo, que subestimó el peligro de la derecha extrema que representa Noboa.
Recordemos que en la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, se reunieron el 10 de diciembre de 2023 en Buenos Aires, el anfitrión rioplatense con sus homólogos Noboa de Ecuador, Luis Lacalle de Uruguay y Santiago Peña de Paraguay. No es casualidad que, desde ese momento, la derecha continental comenzó a coordinar mejor sus acciones, tales como el boicot conjunto a la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) a principios de marzo, los ataques a los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México, las observaciones descalificadoras del proceso electoral en Venezuela o el aliento a las protestas en Cuba.
El asalto a la embajada mexicana perpetrada por el gobierno de Ecuador, que ordenó la violenta irrupción de militares de élite para capturar y secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glas, quien ya había recibido asilo político por parte del Estado mexicano, es parte de estas agresiones a los gobiernos progresistas, buscando generar una crisis en la integración interamericana.
El ataque a México ha sido inmediatamente respondido con la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno agresor. A esto se suma un juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de Daniel Noboa, cuya temeraria acción, que ha violado el derecho internacional fue condenada por numerosos países. Pero hay que distinguir el repudio por principios, del repudio por formalismo. Corresponde al primer tipo la del secretario general de la ONU, António Guterres, que dijo estar alarmado por este ataque a un recinto diplomático, que pone en riesgo las relaciones internacionales normales entre países. Es del segundo tipo la del neofascista Javier Milei, que ordenó sólo por pragmatismo a su cancillería expresar su censura a lo ocurrido en Quito, ya que en su propia embajada en Caracas hay seis opositores refugiados.
El asalto a la Embajada de México genera una crisis en el sistema interamericano de países soberanos. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que condenó de inmediato la agresión, reúne hoy de urgencia a su troika ejecutiva, conformada por la presidenta Xiomara Castro de Honduras y los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Ralph Goncalvez de San Vicente y Granadinas. También convocó a una reunión de cancilleres.
Por su parte, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro intentó disminuir la gravedad del hecho, refiriéndose a una “diferencia” entre dos países que debería ser resuelto “mediante el diálogo”, como si de un impasse verbal se tratara y no hubiera ocurrido un acción de uniformados que violentaron el derecho internacional. Por supuesto, el cuestionado gobierno de Noboa preferirá la OEA a la CELAC, lo que explica que haya solicitado rápidamente a Almagro una reunión hemisférica.
