28/03/2024 (Ciudad de México). Se han cumplido dos años del “Estado de Excepción” que, bajo argumento de emergencia nacional para luchar contra el crimen, promulgó a través de una ley el 2022 el presidente Nayib Bukele, recientemente reelegido en forma inconstitucional en El Salvador.
Sucedió bajo extrañas circunstancias, ya que durante la segunda quincena de marzo de ese año comenzó una escalada de violencia criminal, que inmediatamente fue atribuida a las maras (bandas criminales) que actuaban en El Salvador. El viernes 25 de marzo de 2022 hubo 14 muertes, agregándose otros 62 asesinatos al día siguiente, ya no sólo por ajuste de cuentas entre los delincuentes sino en asaltos en barrios populares y de clase media. La narrativa oficial que afirma que esa ola de violencia se originó en las maras, ha sido puesta en duda por investigadores independientes como el periodista vasco-salvadoreño Roberto Valencia que afirma en un reportaje titulado “Bukele y las maras” que, en esos días, hubo intentos por aclarar que no eran parte de ese frenesí fatal, de parte de los grupos violentos que habían establecido, desde diciembre del 2019, una negociación con el gobierno salvadoreño, con Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social y con Osiris Luna, viceministro de justicia y director general de centros penales.
Como haya sido, ese “fin de semana negro” le proporcionó a Bukele el argumento preciso para pedir la aprobación de una ley que suspendía la libertad de asociación, el derecho de defensa legal -debiendo ser informado el aprehendido sobre el motivo de su detención y pudiendo guardar silencio- así como la inviolabilidad de la correspondencia física y digital. Con la misma ley quedó sin efecto la prohibición de intervenir las telecomunicaciones sin autorización judicial y se extendió el plazo de las detenciones administrativas a 17 días, lo que en tiempos normales no puede exceder las 72 horas. Las fuerzas armadas y la policía recibieron plenas atribuciones para realizar operativos, con uso de armamento letal, que quedarían bajo reserva por declaratoria de confidencialidad.
El régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución salvadoreña, que permite que la Asamblea Legislativa suspenda por un plazo de 30 días algunos derechos constitucionales en circunstancias extremas, que la misma Constitución indica sólo pueden ser “una invasión extranjera o por graves perturbaciones del orden público”. Ese plazo excepcional ha sido extendido de manera consecutiva por los legisladores, cumpliendo ya dos años en los que supuestamente continúan esasextremas circunstancias, lo que es inexplicable tratándose de seguridad ciudadana.
Un régimen de excepción, como su nombre indica, se debe asumir como un mecanismo legal para una situación de crisis, por lo que debe ser temporal y extraordinario. Pero Bukele lo ha convertido en un estado cotidiano y normal, gobernando de esa forma desde hace dos años. Eso no es compatible con un régimen de libertades democráticas, ya que el estado de excepción suspende o limita los derechos constitucionales.
El gobierno de El Salvador utiliza a las fuerzas de seguridad del Estado para labores de seguridad ciudadana, lo que es también incoherente, tomando en cuenta que la seguridad ciudadana es un concepto que supone ejercicio de derechos, en tanto que un régimen de excepción es exactamente lo contrario.
Otro de los efectos colaterales del régimen de excepción es la eliminación de los controles fiscales y sociales sobre procesos administrativos de uso de dineros públicos y contrataciones estatales, así como el derecho de acceso a la información pública. Esto también daña la democracia, pues se ha perdido la transparencia y la obligación de rendir cuentas del manejo de recursos del erario público, lo que facilita hechos de corrupción.
Este tiempo de 2 años el gobierno lo proclama en su publicidad como el momento triunfante de la sociedad salvadoreña frente a las maras (grupos delictivos) y un tiempo de felicidad. Lo que no se dice es que, al poner por encima de todo lo demás la seguridad, se han vulnerado los derechos humanos y se ha degradado la democracia. Organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, de manera continua y sistemática vienen registrando el cúmulo de abusos cometidos tanto en cárceles como fuera de ellas, contra delincuentes que aun teniendo esa condición son sujetos de derechos y, lo peor, contra gente inocente que ha sido falsa y anónimamente acusada (a través de llamadas a un número gratuito en el que no es necesario dar nombre y apellido) y se encuentra purgando penas injustas en prisión.
