26/03/2024 (Ciudad de México). Este lunes 25 de marzo de 2024 la Corte de Tucson, Arizona, emitió una resolución favorable para el gobierno mexicano en la demanda que está impulsando en contra de cinco empresas distribuidoras de armas en aquel territorio. Según la sentencia, el gobierno mexicano estaría facultado para demandar a las empresas armamentistas en tribunales norteamericanos, tanto en su nombre como en el de su población.
El fallo de la Corte implica un paso más en la estrategia legal que el gobierno mexicano está ejecutando en tribunales norteamericanos en contra de algunas de las empresas distribuidoras de armas más importantes de la Unión Americana. Con ello, se busca evidenciar y denunciar la negligencia que existe detrás de que, de manera sistemática, armas que son fabricadas legalmente en Estados Unidos terminen en manos de las organizaciones criminales mexicanas, afectando a nuestra población de maneras hasta ahora inconmensurables. En otras palabras, el gobierno mexicano busca colocar de relieve la responsabilidad de las empresas armamentistas de Estados Unidos sobre la violencia que ocurre en nuestro país, ya que su mercado provee la mayor parte de las armas utilizadas por los criminales de este lado de la frontera.
Como parte de esta estrategia, conviene recordar otra demanda que fue impulsada en la Corte de Boston, Massachussets, pero en contra de empresas fabricantes. Con ambas querellas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –responsable de ambos litigios –estaría buscando cubrir dos etapas de la cadena del comercio de armas: fabricación y venta.Sobre este punto, es de destacar que cerca del 70% de armas que son confiscadas en México provienen de las empresas establecidas de manera legal en Estados Unidos, según calcula Marco Castillo de Global Exchange.
Global Exchange cuenta con más de 30 años trabajando por los migrantes mexicanos en Estados Unidos y ha acompañado de cerca el proceso legal impulsado por la SRE bajo coordinación de Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la institución. Además, en los últimos años, Global Exchange puso en marcha el proyecto Alto a las armas de Estados Unidos a México.
El proyectó dio inicio en 2012, luego de que las consecuencias de la “guerra contra las drogas” declarada por el entonces presidente, Felipe Calderón, hubieran alcanzado su cúspide. En ese tenor, Alto a las armas busca conectar e integrar entre sí “a las víctimas de la violencia armada en Estados Unidos y a las víctimas de la violencia armada en México”, dijo Castillo para este medio, ya que, “desde Alaska hasta Tegucigalpa, las armas que nos están matando son las mismas”.
Por otro lado, el litigio que avanzó esta semana en la Corte de Arizona dio inicio en octubre de 2022 y las empresas demandadas son Diamondblack, SnG Tactical, The Hub, Ammo A-Z y Sprague’s Sports. De acuerdo con la demanda, estas distribuidoras habrían incurrido en negligencia pues contaban con “señales suficientes para saber que las armas de fuego que estaban vendiendo iban a terminar en México y que además serían usadas para actos ilícitos”, abundó Castillo.
Sobre el momento actual del proceso legal, resta que el gobierno de México presente evidencias sobre la presunta negligencia de las empresas distribuidoras. Así lo confirmó también Catillo: “la corte del distrito va a seguir estudiando la demanda y, en las siguientes etapas, se van a presentar evidencias para demostrar la conducta negligente de las [empresas] demandadas”.
El activista por los derechos de los migrantes resaltó lo simbólico tanto de la demanda, como de la posibilidad del triunfo, lo que sin dudas sienta un precedente para toda la población que ha sido afectada por la industria del “capitalismo de la muerte”, tanto en el interior, como en el exterior de Estados Unidos. Al respecto, la Ley de Protección del Comercio de Armas (o PLCAA, por sus siglas en inglés) impide demandar a quienes fabrican el armamento que termina siendo utilizado en actos violentos en Estados Unidos, como ocurre con las sistemáticas masacres estudiantiles.
Sin embargo, los hechos por los cuales el gobierno de México está demandando ocurrieron en nuestro país, es decir, fuera de la jurisdicción sobre la cual aplica la PLCAA, lo que permite que la Corte reconozca que México tenga derecho a demandar a las armerías. Así lo determinó la Corte: “las tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, entonces […] esa resolución le da la razón una vez más a México en términos de la responsabilidad de las de los vendedores de armas”, concluye Castillo.
