22/03/2024 (Ciudad de México). Con 47 votos en lo general el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar el Código Penal por lo que ahora es tipificado como delito la “corrupción inmobiliaria”.
La iniciativa fue presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, para adicionar en el artículo 276 esta transgresión:
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley”.
Quienes incurran en esta falta podrán recibir como sanción una pena en prisión de entre 10 y 30 años, así como quienes estén relacionados o hayan recibido algún tipo de beneficio, no solo los funcionarios públicos, sino sus familiares cercanos hasta en cuarto grado por consanguinidad o afinidad de manera ascendente y descendente y a cualquier tercero con el que se tengan vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa.
El Cártel Inmobiliario
Se conoce como “Cártel Inmobiliario” de la Ciudad de México a una red de corrupción entre servidores públicos y empresas constructoras a las que se les ha acusado por extorsión, desalojos violentos, pero principalmente por el otorgamiento de permisos irregulares para la edificación de inmuebles a cambio “de favores”.
Se estima que el origen del “boom inmobiliario” se da por el año 2009, aunque las operaciones descubiertas datan desde el 2006, principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. La construcción de grandes edificios, que al no contar con los estudios previos, trajeron como consecuencia la intensificaron de problemas como la falta de agua, caos vial, tala desmedida de árboles y falta de servicios.
Además, varias de esas obras cayeron o resultaron con graves daños tras el sismo de 2017 de magnitud 7.1, a pesar de ser prácticamente nuevos y vendidos por más de tres millones de pesos bajo la propaganda de ser “anti sismos”.
Involucrados en el Cártel
Conforme a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el Cártel Inmobiliario se ha descubierto que la operación abarcó al menos cuatro administraciones de delegados: Germán de la Garza Estrada (2006-2009), Mario Palacios (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018), todos ellos miembros del Partido Acción Nacional (PAN).
Actualmente se encuentran detenidos Christian Von Roehrich, Ex Alcalde; Sofía Von Roehrich, hermana del ex Alcalde Christian; Ismael Isauro Chalico, Director General de Administración; Nicias René Aridjis, Director General de Obras; Adelaida Gardía, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano; Luis Vizcaíno, Ex Director Jurídico; Roberto “N”, empresario que delató la trama; José “N”, Supervisor de Trabajos de la Alcaldía; Alejandro “N”, Subdirector de Servicios Generales; como evasores se encuentran Víctor M. Mendoza, Director de Planeación; Emilio Sordo Zabay, Director de Desarrollo Urbano; César “N”, Trabajador por Honorarios y Elvia “N”, Enlace, por mencionar algunos.
Incluso Miguel Ángel Mancera ha sido señalado como supuesto integrante de esta célula criminal cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2012-2018).
Otro presunto miembro del Cártel Inmobiliario es Santiago Taboada, ex alcalde de Benito Juárez y hoy candidato del PRI-PAN-PRD por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Taboada es investigado por su presunta participación en la simulación de operaciones financieras para la reparación de edificios afectados en el sismo de 2017 y por permitir obras con niveles excedentes. Aunque a la fecha no hay una cifra precisa sobre la corrupción inmobiliaria, se calcula que las construcciones irregulares que se dieron durante la gestión de Taboada superan los siete mil 142 millones de pesos.
Relación con la no ratificación de Ernestina Godoy
Tras asumir la Fiscalía de la Ciudad de México Ernestina Godoy develó el modus operandi y los involucrados de esta red de corrupción, hecho considerado el motivo por el cual la oposición optó por no ratificarla en el cargo, ya que por un lado quedaron expuestas las bancadas del PAN conectadas al Cártel Inmobiliario y por el otro se destapó una mafia de trata de personas conformadas por militantes del PRI, a los que Godoy como fiscal, se negó a darles impunidad.
Clara Brugada contra el Cártel Inmobiliario
Una de las banderas que enarbola Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia es precisamente la de eliminar al Cártel Inmobiliario. La morenista sostiene que la oposición busca “construir para hacerse ricos ellos, mientras nosotros [Morena] construimos para enriquecer a la ciudad”.
