19/03/2024 (Ciudad de México). En Cuba, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel ha vuelto a señalar que la crisis energética y de abastecimiento alimentario que atraviesa el país se originan en las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que se agravaron en los últimos años con la inclusión de Cuba en una lista de países terroristas.
Esas sanciones económicas y comerciales que configuran un bloqueo a Cuba, se remontan al 7 de febrero de 1962, cuando el presidente John Kennedy firmó la “Ley de Ayuda Externa de 1961”, que complementaba la Orden Presidencial con que dispuso el corte de todo tipo de relación comercial con la isla, con el objetivo de asfixiarla económicamente y así provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario.
Treinta años pudo la nación caribeña neutralizar la agresión pero, en 1992, aprovechando el momento de la caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental y la disolución de la Unión Soviética (socia estratégica de Cuba), así como el momento de máximo poder de los Estados Unidos luego de la guerra del GolfoPérsico, se aprobó la “Ley Torricelli” que amplió las sanciones a terceros países que comerciaran con La Habana, durante la administración de George Bush. Esta prohibición se endureció aún más con la “Ley Helms-Burton” de 1996, que la firmó el presidente Bill Clinton. Pudo Cuba seguir soportando el asedio porque logró acuerdos de complementariedad económica a cambio de servicios de atención masiva de salud, a través de las brigadas médicas cubanas en varios países de América Latina como Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Nicaragua y Argentina. Sin embargo, esta oleada de gobiernos de izquierda se fue debilitando y comenzaron a asumir gobiernos de derecha.
Finalmente, el año 2021, respondiendo al poderío del exilio cubano en Florida,Donald Trump aprobó el decreto que de manera autoritaria volvió a incluir a Cuba en la lista de países “patrocinadores de terrorismo”, de la que el 2015 ya la había excluido –en el único intento de distensión real durante más de sesenta años- el presidente Barack Obama.
La aplicación a Cuba de las leyes antiterroristas de los Estados Unidos tiene el inmediato efecto de obstaculizar las importaciones de bienes procesados, así como las exportaciones de materias primas y productos elaborados y la llegada deinversiones externas. Si a esto le sumamos el impacto de la crisis del COVID, que desde el 2020, ha trastornado las cadenas y flujos de abastecimiento a nivel mundial, nos daremos cuenta de las enormes dificultades que tiene el gobierno cubano para lograr obtener en el mercado internacional los productos que el país necesita.
Todo esto se ha convertido en el caldo de cultivo para que crezca el descontento social en Cuba, lo que el gobierno revolucionario atribuye –tanto por ser el origen de la crisis, como también por intentar aprovechar sus efectos- al gobierno de los Estados Unidos. Por estas razones ha sido convocado en La Habana el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Benjamín Ziff, notificándole el malestar oficial por la actitud injerencista de Washington durante las protestas ocurridas el domingo pasado en la ciudad de Santiago. Esos reclamos de los pobladores fueron por el racionamiento de energía eléctrica, que se viene aplicando desde hace un año y que otros países de la región también aplican, debido a la combinación de fenómenos climáticos (sequías prolongadas) y aumentos de precios internacionales de los insumos energéticos (combustibles). El último caso que se está presentando es en Guatemala.
Como también los reclamos fueron por la tardanza en la distribución de alimentos básicos, el gobierno dispuso acelerar el envío de arroz, azúcar y leche a las familias, con las libretas de distribución que de manera regular efectúa el Estado cubano desde hace décadas.
