Tanto el secretario de Seguridad Pública como el de Gobierno renunciaron. La gobernadora solicitó la remoción de la fiscal, pero ésta se niega a renunciar al cargo. 

15/03/2024 (Ciudad de México). Luego del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, así como de la posible fuga del policía que le disparó, el gobierno de Guerrero anunció la renuncia de sus dos principales funcionarios encargados de la seguridad pública: el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el secretario de Seguridad Pública, el general Rolando Solano Rivera. 

Las renuncias de los funcionarios ocurren en un contexto de presión ejercida por los normalistas y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes han escalado la intensidad de las protestas durante los últimos días. En el lugar del secretario de Gobierno fue asignada Anacleta López Vega, quien se había desempeñado como subsecretaria de Gobierno estatal. 

La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, también solicitó la renuncia de la titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG), Sandra Luz Valdovinos; sin embargo, la fiscal señaló mediante un comunicado que sería necesario que la gobernadora agotara “los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido”, los cuales, apunta la fiscal, le permiten “ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.”

López Vega, recién nombrada titular de la Secretaría de Gobierno del estado, respondió que el artículo 142 de la Constitución guerrerense da la facultad a la gobernadora para remover libremente a la titular de la FGEG. Sin embargo, la constitución estatal señala que, para que esto ocurra, la fiscal debió haber incurrido en una “causa grave”, lo que se traduce en “muerte, incapacidad física permanente y renuncia aceptada”, ninguna de las cuales ha ocurrido hasta el momento.

López Vega reafirmó que la fiscal ya se encuentra fuera de funciones, por lo que el Congreso local tendría 10 días hábiles para objetar la remoción. La objeción debe ser respaldada por las dos terceras partes del órgano legislativo local o, de lo contrario, se considera que se aprueba la remoción de la fiscal.

Por otro lado, senadores federales del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron la declaración de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, asegurando que se encuentra en una “ingobernabilidad insostenible”. No obstante, aunque el Senado tiene la facultad para declarar la desaparición de poderes en las entidades, ésta no se sostiene, ya que sólo ocurre cuando los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial: 

“i) quebrantaren los principios del régimen federal; ii) abandonaren el ejercicio de sus funciones, […] iii) estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; iv) prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados; y, v) promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución.”

Ahora bien, durante los últimos meses, Guerrero ha experimentado una crisis de seguridad continua, misma que se ha agravado con el conflicto que existe entre el gobierno estatal y los normalistas de Ayotzinapa. 

Apenas el pasado 25 de enero fue nombrado el secretario de Seguridad Pública, quien, a su vez, sustituyó al capitán de Marina Evelio Méndez Gómez. Esta renuncia ocurrió tambiéndurante días convulsos en la entidad debido a la violencia y la criminalidad;particularmente en Taxco, ciudad turística donde el servicio de transporte se había suspendido debido al recrudecimiento de la extorsión. 

El último evento de violencia ocurrió el pasado martes 12 de marzo, cobrando la vida de Tomás Morales Patrón, aspirante a la alcaldía de Chilapa por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mismo al que pertenece la gobernadora. Morales Patrón también era un reconocido activista por los derechos indígenas en la región nahua del estado.

Durante los últimos meses, la crisis de inseguridad se ha intensificado debido a que grupos de la delincuencia han buscado ejercer un mayor control sobre los mercados locales, particularmente han incrementado la presión y extorsión hacia la economía popular en rubros como las pollerías y las tortillerías en Chilpancingo, el transporte público en Taxco yAcapulco o, incluso, los mercados locales en la Costa guerrerense. 

La condición de inseguridad ha llevado a varios actores a pronunciarse por la recuperación del orden en la entidad. Apenas en febrero, el obispo de la diócesis de Chilpancingo, José de Jesús González Hernández, hizo público que cuatro obispos de la entidad habían buscado un acuerdo entre los grupos criminales que operan a nivel local para reducir la violencia, sin haberlo conseguido debido a la ambición del hampa.