Durante los últimos años las muertes y ataques en contra de políticos cobran mayor importancia en la discusión sobre la democracia.

14/03/2024 (Ciudad de México). El 26 de febrero de 2024 ocurrió uno de los eventos de violencia electoral más atípico de los últimos años: dos de los precandidatos punteros a la alcaldía de Maravatío, Michoacán, fueron asesinados en un lapso menor a 12 horas. Se trata del médico Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y del transportista Armando Pérez Luna, del Partido Acción Nacional. El homicidio de las dos opciones más competitivas para el cargo público más importante del municipio se suma al del morenista Dagoberto García Rivera, quien fue asesinado en octubre del año pasado después de anunciar sus intenciones de competir en la contienda.

Lo acontecido en Maravatío en los últimos meses coloca de relieve la gravedad de la violencia electoral en algunos municipios del país. El fenómeno de la violencia electoral se define como aquellos actos violentos que ocurren en contextos electorales en contra de sus participantes, lo que incluye candidatos, funcionarios públicos, líderes y militantes de partidos.

Al menos desde que dio inicio la llamada “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón en 2007, la muerte de políticos se ha establecido como uno los más graves problemas de la democracia mexicana, lo que ha llevado a muchos a considerarla como una amenaza para que los comicios se lleven a cabo.

En entrevista para este medio, Itxaro Arteta, líder de Comunicación y vocera de la organización Data Cívica, platicó sobre el proyecto Votar entre Balas, el cual reúne información sobre la violencia electoral ocurrida desde 2018. Aunado a la poca atención que observaron en torno a los eventos de violencia electoral, una de las razones por las cuales comenzaron a registrarla se relaciona con lo que Itxaro llama “gobernanza criminal”, es decir, “el hecho de que el crimen organizado esté metido cada vez más en la toma de decisiones y en espacios de poder”.

Además de los homicidios, en su base de datos la organización registra las amenazas, los secuestros, los atentados, las desapariciones y los ataques armados en contra de distintos actores vinculados con la política electoral, incluyendo candidatos, precandidatos, aspirantes, funcionarios públicos en general y miembros de partidos. Su base se encuentra disponible en su sitio para descarga.

Ixtaro apuntó también que la gran mayoría de los ataques en contra de participantes de procesos electorales se concentra en la esfera municipal, el primer y más débil eslabón en la cadena de poder del Estado mexicano. Esta conclusión la comparte Laboratorio Electoral, que también ha dado seguimiento a la violencia electoral, particularmente a los homicidios.

En su registro sobre las muertes de las personas vinculadas a procesos electorales, Laboratorio Electoral agrega un elemento a la complejidad: la etapa de los comicios en la que ocurren los homicidios, concluyendo que la mayoría de éstos sucede cuando se están definiendo las precandidaturas y durante los meses previos inmediatos a la jornada electoral, cuando la competencia se profundiza. Esto sugiere que los perpetradores buscan influir en quienes compiten por los partidos y quienes obtienen finalmente el cargo.

Un punto en el que coinciden ambas organizaciones es que la mayoría de las víctimas de la violencia electoral son hombres, en una proporción de 8 de cada 10 ataques. Además, la mayoría de las víctimas forman parte de un gobierno, han formado parte de él o han competido en comicios previos; es decir, suelen ser personas que ya pertenecen a la estructura de la política electoral o, en otras palabras, del poder.

Sin embargo, Itxaro Arteta señaló para este medio que las mujeres suelen sufrir ataques en una proporción mayor que los hombres en momentos en los cuales no participan de los gobiernos, sino cuando se encuentran compitiendo. Esto sugiere que una gran parte de los ataques contra mujeres políticas ocurre cuando no están protegidas por esa estructura estatal o del poder.

Por otro lado, el hecho de que una gran mayoría de los ataques ocurra en contra de funcionarios o competidores de la esfera municipal, mientras casi no hay casos en el nivel estatal o federal, nos sugiere que este orden gubernamental no tiene acceso al poder armado necesario para sobrevivir en territorios donde la presencia del crimen organizado es notoria. Otra manera de interpretarlo es que las administraciones municipales son más disputadas por las organizaciones criminales, probablemente porque son el primer contacto del Estado con la población y controlarlos resulta muy redituable para negocios como la extorsión o el secuestro.

Ahora bien, Data Cívica también registra las amenazas realizadas en contra de actores electorales y concluye que sólo 8% de los registros corresponden a este tipo de violencia electoral. Debido a ello, Ixtaro considera que resulta difícil prevenir los ataques mortales, pues la gran mayoría no se antecede de amenazas que permitan a las víctimas solicitar protección o, en su defecto, si las reciben, tienden a no denunciarlas.

Sobre la filiación política de las víctimas, ambas organizaciones coinciden en que no hay una tendencia particular por atacar a miembros de determinado partido. Al respecto, la vocera de Data Cívica apuntó que, en contraste, los ataques sí suelen ser en contra de la oposición del partido gobernante a nivel local.

Mencionó el caso de Maravatío, en donde el alcalde actual, José Jaime Hinojosa, proviene del Partido de la Revolución Democrática (PRD). A pesar de que el PRD forma parte de la alianza opositora a nivel nacional en conjunto con el PAN –partido de uno de los precandidatos asesinado–, a nivel local pueden existir municipios en donde estos partidos compitan entre ellos por los cargos de elección popular. Sobre este punto, Itxaro fue enfática en señalar que Data Cívica sólo analiza datos y que no puede acusar al presidente municipal de Maravatío de ninguna responsabilidad, pero que el municipio sirve para ejemplificar la tendencia de la violencia electoral de manera general.

Por último, la vocera de Data Cívica también nos comentó sobre los estados en los cuales ocurre la gran mayoría de los eventos de violencia electoral: Guerrero, Guanajuato y Veracruz. Estas entidades también aparecen en la lista de Laboratorio Electoral de los lugares en donde ocurren más eventos. Por su parte, Itxaro mencionó que 30% de éstos ocurren en las ciudades de Tijuana, Celaya, Chilpancingo, Taxco y Fresnillo, lo que evidencia cómo la violencia electoral se encuentra focalizada.