13/03/2024 (Ciudad de México). En Colombia la Corte Suprema de Justicia es la más alta instancia judicial del país, está compuesta por 23 magistrados que tienen períodos individuales de gestión de 8 años, y que para ser elegidos deben contar con el respaldo de al menos dos tercios de los diputados y senadores en la sesión conjunta del Congreso. Es por tanto una colegiatura en cuya composición y preservación tienen influencia decisiva los partidos políticos tradicionales, que en Colombia siempre han sido de derecha moderada o de extrema derecha.
Por eso no fue casual que la Corte Suprema tardara tanto en elegir al nuevo titular del Ministerio Público, una vez concluido el pasado 13 de febrero el período constitucional del anterior Fiscal General Francisco Barbosa. Barbosa fue propuesto hace cuatro años por el ex presidente Iván Duque, hombre ideológicamente afín a Álvaro Uribe Vélez que está ubicado en la ultraderecha en el espectro político colombiano, así su partido tenga por denominación “Centro Democrático”.
La nueva terna le correspondió elaborarla al presidente de izquierda Gustavo Petro, que la envió a la Suprema en septiembre de 2023, con una particularidad muy importante: por primera vez en la historia colombiana estaba compuesta sólo por mujeres. Antes de remitirla, el Palacio de Nariño cambió a una de las postulantes (Amparo Cerón) por Luz Adriana Camargo Garzón, conocida por la investigación que realizó, cuando era magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del denominado “Caso Parapolítica”. Este caso, que inició en 1995 y se prolongó por varios años, significó un gran riesgo para quienes investigaban, porque implicaba a poderosos políticos, como el propio ex presidente Álvaro Uribe y un total de 26 senadores y 18 representantes (diputados) de varios partidos, así como también a sanguinarios paramilitares que habían recibido financiamientos y protección judicial.
Ayer, luego de dos meses de retraso y varias votaciones en las que ninguna de las tres postulantes lograba los dos tercios del Pleno, finalmente la Corte Suprema eligió a Camargo Garzón como la nueva Fiscal General.
Camargo, que tiene 58 años, es una abogada especializada en derecho criminal que trabajó junto al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, tanto en la Corte Suprema como en la “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG). La CICIG tuvo amplio respaldo y repercusión hemisférica, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la dio aval para procesar varios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Llegó demasiado lejos en su trabajo, al punto que el ex presidente Jimmy Morales (uno de los acusados de haber recibido dineros del narcotráfico para su campaña), ordenó su cierre y expulsó del país, tanto a Iván Velásquez como a Camargo Garzón el año 2019, en medio de airadas protestas del Secretario General de la ONU, António Guterres.
Con estos antecedentes favorables en su carrera, la nueva Fiscal General colombiana, tiene el camino allanado para ejercer adecuadamente sus funciones. No parece tener mucha posibilidad de prosperar un recurso de impugnación a su elección que el partido “Centro Democrático”, el del mencionado Uribe, presentó en las últimas horas, bajo el argumento de que una de las tres postulantes renunció. Desde la Corte Suprema ya han respondido que la terna se mantuvo en firme al momento de la votación decisiva, por lo que no tiene relevancia jurídica el detalle de una renuncia posterior. Sin embargo, es bueno tomar nota de esta impugnación, para saber a quiénes incomoda que Camargo dirija el Ministerio Público.
