20/02/2024 (Ciudad de México ). La “Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos” que, para fines de credibilidad, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en 1982, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Bienestar Social ecuatoriano en agosto de 1984, asumió pleno respaldo a los padres que denunciaron que el 2 de febrero, en la ciudad de Guayaquil, fue ejecutado extrajudicialmente su hijo, el joven de 19 años Carlos Javier Vega Ipanaqué, y fue herido y detenido su sobrino, Alfredo Ipanaqué.
Ocurrió cuando su vehículo, un Chevrolet Aveo rojo, llegó a un retén de control militar en la avenida Vicente Trujillo, al sur de la ciudad. El conductor era Alfredo, quien junto a su primo llevaba un perro para venderlo en las afueras de la Universidad Politécnica Salesiana, que queda muy cerca del lugar donde fueron retenidos. La familia afirma que los muchachos intentaron explicar la situación pero los militares no les dejaron pasar. Al retroceder accidentalmente el auto rojo raspa un carro oficial, procediendo los uniformados a dispararles, lo que hirió mortalmente a Carlos pues las balas le perforaron un pulmón y le destrozaron el estómago y la columna vertebral.
Las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado de la Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto, indicó que se trataba de “terroristas que intentaron evadir el control militar” ya que, según la versión castrense, “el automóvil intentó evadir el control embistiendo a personal militar e impactando contra el vehículo de la patrulla, en respuesta a este ataque se realizaron disparos para precautelar la seguridad del personal”. Sin embargo, en el Chevrolet no se encontraron armas, drogas ni objetos prohibidos. Tampoco los dos “terroristas” tenían antecedentes penales y ninguno de los vehículos en la escena del crimen presentó daños materiales congruentes con el relato de que el auto rojo “embistió e impactó” a la patrulla.
La denuncia pública fue presentada por Laura Ipanaqué, madre de Carlos Javier, que ha reclamado muy dolida que al menos uno de los soldados pisó en el suelo a Carlos Javier cuando estaba gravemente herido, por un moretón en forma de suela de bota que tenía en el pecho. La mamá afirmó en una entrevista televisiva que es terrible que, además de matarlo, los militares hayan tildado de “terrorista” a su hijo, siendo él “un muchacho sano, que no le ha hecho daño a nadie, cómo puede ser posible que esto ocurra”.
De confirmarse que los militares realizaron esta ejecución extrajudicial y que además procedieron a armar una versión de un falso positivo para encubrir el asesinato de un inocente, este caso se constituirá en la más grave violación a los derechos fundamentales de las personas hasta ahora documentada en Ecuador, desde que comenzó el régimen de excepción decretado para la “lucha sin cuartel contra el crimen”. Ningún portavoz del gobierno del presidente Daniel Noboa –firmante del decreto que militarizó la seguridad pública- ha dicho nada hasta el momento.
Circulan en las redes denuncias anónimas y bastantes videos de vejámenes y golpizas a ciudadanos por soldados que los detienen luego del horario de toque de queda. Se ha hecho también muy común la frase que comienzan a utilizar algunos mandos militares y policiales como consigna operativa a sus subordinados: “terapia de plomo”.
Esta historia no es nueva, ocurrió en El Salvador donde todo comenzó con la militarización de las calles contra las maras, luego pasó por la tolerancia social hacia los abusos y ahora desembocó en un régimen de democracia hecha jirones por el autoritarismo. Estas tragedias ocurren cuando se permite que los gobiernos mezclen la seguridad ciudadana –que, por definición, respeta el Estado de derecho- con la seguridad nacional que termina restringiendo las libertades en nombre de una “situación de guerra”. Así los Estados terminan combatiendo el delito cometiendo delitos.
