El caso de las estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que denunciaron a Diego “N” por difundir imagenes con contenido sexual alteradas con Inteligencia Artificial (IA) y comercializarlas en grupos de redes sociales, puso en evidencia el reto de sentar un precedente en México para atender a la violencia digital sexual.

15/02/2024 (Ciudad de México). Con el reciente caso de las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que denunciaron a Diego “N” por utilizar Inteligencia Artificial (IA) para modificar al menos 50 mil fotografías de estudiantes con contenido sexual y comercializarlas en redes sociales, se puso en la mesa un tipo de violencia que es cada vez más común: la violencia digital sexual.

Esta violencia va de la mano con el espectro y el avance del uso de las Tecnologías de la Información que, si bien se han presentado como herramientas útiles en la cotidianidad, también han sido utilizadas con el fin de causar algún tipo de daño. En el caso de la IA se ha presentado como una herramienta que se utiliza para agilizar procesos, crear imágenes, voces o incluso trabajar con realidad virtual. Sin embargo, cada vez se utiliza más con el interés de causar algún tipo de daño, y afecta principalmente a mujeres. 

Nadie se ve ajeno a ser víctima de la manipulación de la IA para generar imágenes falsas. Hay que recordar que entre los casos más sobresalientes fue el de las famosas cantantes Rosalía y Taylor Swift, cuyas imágenes fueron modificadas con esta técnica para aparentar contenido sexual y luego fueron difundidas en las redes sociales. Este tipo de acciones puso sobre la mesa que cualquier persona  puede ser víctima.

Existen prácticas muy diversas de la violencia digital

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define a la violencia digital como “cualquier acto realizado a través de tecnologías de la información y la comunicación que busque agredir, violentar, vulnerar o exhibir la intimidad de una persona”.

La que refiere a la violencia digital sexual  se comete cuando se suben a las redes de manera dolosa imágenes, audios o videos (reales o modificados) con contenido sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización. Este tipo de violencia atenta contra la dignidad, integridad y privacidad de las personas. 

Sin embargo, este tipo de violencia, afecta principalmente a las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta el año 2022 habían 84.1 millones de usuarios de internet mayores de 12 años, de las cuales 44 millones eran mujeres y 40.1 eran hombres.

De ese universo, más de 9 millones de mujeres fueron víctimas de violencia digital, principalmente por ciberacoso, y las niñas y adolescentes fueron las más expuestas. Según INEGI, en las mujeres se concentró el rastreo de cuentas, las llamadas ofensivas y amenazas con publicar o vender fotos y videos con contenido sexual. 

De acuerdo con un informe de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres, hasta ese año sólo 11% de las mexicanas denunciaron esos hechos ante el ministerio público.

Este tipo de violencia no es reciente, nació casi al mismo tiempo que con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pero ha incrementado de la mano con su avance y desarrollo. 

En México ya existe un marco legal para atender a esta violencia. 

La Ley Olimpia se trata de un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Fue nombrada así por la activista Olimpia Coral Melo Cruz, originaria de Huauchinango, Puebla, quien la impulsó tras haber sido víctima de su expareja al filtrar un video íntimo sin su consentimiento en el año 2014.

No fue un camino sencillo el que enfrentó Olimpia, pero impulsó una lucha sin precedentes que ha logrado traspasar fronteras e inspirar a otros países como Argentina, Honduras, Ecuador y algunos estados en Estados Unidos de Norteamérica, quienes buscan legislar sobre la violencia digital. 

Fue en 2018 que la activista logró que se reformara el Código Penal de Puebla para reconocer y atender este tipo de violencia. Más tarde, en el año 2020, la Ley Olimpia se aprobó en Ciudad de México y en 2021 fue aprobada a nivel federal. Con ello se asentaron cambios en el Código Penal y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que reconoce este tipo de violencia de género.

En ella se contempla que la pena contra la persona que cometa violencia digital sexual puede alcanzar de 6 hasta 8 años de prisión. Además se estipulan multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). 

Las penas tiene agravantes por varios motivos: si hay vínculo afectivo o de confianza, aún cuando se trate de un servidor público, se lucre con la difusión de los contenidos íntimos o cuando por los impactos que tiene este tipo de violencia provoque que la víctima atente contra su propia vida o integridad. 

Y es que este tipo de violencia tiene impactos psicológicos y  emocionales, tal como lo experimentó Olimpia, quien fue víctima de burlas y ataques tanto en su comunidad como en el espectro digital, lo que le causó una profunda depresión.

Pero a pesar de los avances todavía hay retos.

Según datos de ONU, hay dos caras en el tema digital:  por un lado, la persistente brecha de género en el acceso digital que impide a las mujeres disfrutar del potencial de la tecnología. 

Por otro, el desarrollo y goce pleno de su participación en el mundo digital se ve obstaculizado por la violencia digital y la falta de herramientas para protegerlas ante este tipo de fenómenos. Esto abona a que incluso se vean obligadas a abandonar los espacios digitales. 

En el caso de la Inteligencia Artificial no se ha instaurado una regulación de su uso, aunque algunos países han comenzado a promover normas a favor de la seguridad de usuarios. 

En México aún no se ha regulado, pero el tema ronda las discusiones. Y aunque existen métodos para proteger datos,  imágenes o navegar de manera segura, sin embargo, el tema de seguridad digital continúa siendo un desafío. Colectivas como ‘Luchadoras’ impulsan materiales y herramientas para recombatir la violencia digital.

Aún falta apostar por mecanismos que reconozcan la violencia digital, así como fortalecer instancias cibernéticas especializadas para atenderla, y que se aplique de manera efectiva una perspectiva de género, porque aunque nadie está a salvo, afecta principalmente a infancias, adolescentes y mujeres.