A 23 años del feminicidio de Lilia Alejandra, su caso será resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de acceso a la justicia en México y por la falta de una política pública efectiva para prevenir la violencia contra las mujeres.

14/02/2024 (Ciudad de México). El Estado Mexicano será juzgado nuevamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Lilia Alejandra García Andrade, así lo dio a conocer el equipo jurídico del colectivo de defesa de los derechos humanos Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (GADHJS), y Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, en conferencia de prensa.

Luego de 22 años sin justicia en tribunales del Estado de Chihuahua, el caso de Lilia Alejandra y su familia fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa un paso hacia la justicia para miles de mujeres mexicanas que han sido víctimas de feminicidios y cuyos asesinatos se mantienen en la impunidad, señaló el equipo jurídico del GADHJS.

Este caso será el tercero contra el Estado mexicano en el que se analiza su responsabilidad por el asesinato de mujeres. Previamente la Corte IDH se pronunció por los casos: el caso Campo Algodonero, sentencia sobre la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez; y el caso Digna Ochoa, sentencia sobre la existencia de irregularidades graves en la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001.

Lilia Alejandra García Andrade, originaria de Ciudad Juárez, tenía sólo 17 años, cuando desapareció el 14 de febrero de 2001 en el traslado a su trabajo en una maquiladora. Después de siete días de su desaparición el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado con signos de tortura sexual en un lote baldío de esta ciudad fronteriza.

El caso permanece impune debido a las deficiencias en la investigación y el actuar de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que tras una investigación de tres meses, en 2018 detuvo al presunto asesino serial, Manuel N., y dio por “resuelto” un caso que llevaba más de 15 años sin respuesta.

Sin embargo, la madre de Lilia Alejandra y el equipo de legal que la compaña no admiten la resolución del caso ante inconsistencias en la investigación y por la arbitrariedad con que las autoridades descartaron la línea de trabajo más importante desde 2010, que consistía en tres muestras genéticas de los asesinos de Lilia Alejandra.

Asimismo, señalan que por más de 20 años las autoridades del estado de Chihuahua se han dedicado a dilatar y a retrasar injustificadamente las indagatorias para esclarecer este asesinato manteniéndolo en la impunidad.

De acuerdo con lo señalado por el equipo legal del GADHJS en 2001 se extrajo semen, piel de las uñas y la cobija conde fue envuelto el cuerpo de la joven. Sin embargo, hasta 2010 se analizaron y se identificaron los perfiles genéricos de la persona involucrada en el asesinato.

En 2002, el caso de Lilia Alejandra fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerarse que la fiscalía no había actuado conforme con su obligación de prevenir y garantizar la vida, la libertad y la integridad de la joven, en un contexto probado de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez,. En 2018 la Fiscalía de Chihuahua cambió la línea de investigación por orden de Sergio Castro Guevara, secretario particular del Fiscal General, para armar un caso y responsabilizar a otra persona, Manuel N, y en 2 meses resolvió el caso.

En ese mismo año, antes de una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía de Chihuahua vincula a Manuel N, involucrado en otros feminicidios. Sin embargo, no se ha realizado una confronta con el ADN analizado en 2010, por lo que de acuerdo con la madre de Lilia Alejandra esta negativa de confrontar los perfiles genéticos evidencia la fabricación de culpabilidad.

Tras 21 años de estudiar el caso, el pasado 28 de diciembre de 2022 la CIDH notificó la remisión del caso de Lilia Alejandra a la Corte IDH, la cual notifico su recepción de este caso el pasado 9 de febrero. Ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que en la joven García Andrade convergían varias características por las que podía estar en situación de vulnerabilidad al momento de su desaparición, por lo que las actividades de búsqueda debían ser exhaustivas encaminadas a evitar de forma efectiva una afectación a sus derechos. Sin embargo, el Estado mexicano no actuó conforme debida y no tuvo en consideración los riesgos asociados a la característica de adolescente, su situación económica y trabajo de la joven.

Asimismo, se equipó de legal del GADHJS denunció que, durante este tiempo, Norma Andrade, ha sufrido dos atentados contra su vida, el primero en diciembre de 2011 en Ciudad Juárez, y el segundo en febrero de 2012 en Ciudad de México como una acción de represalia frente a su activismo y las denuncias públicas que ha sostenido a lo largo de todo este tiempo.

Por si parte, Norma Andrade, madre de Alejandra y defensora de los derechos humanos, señaló que espera “que el caso sirva para que mi hija tenga justicia, pero también para que el Estado le garantice a todas las jóvenes del país el poder salir a las calles, a los bailes, en paz, vestirse como quieran y saber que podrán regresar a sus casa, que las mujeres vivan y vivan felices”.

La abogada y defensora de derechos humanos Karla Micheel Salas señaló que el caso de Lilia Alejandra ante la Corte IDH representa una oportunidad para “realizar una revisión de la política pública desarrollada por el Estado mexicano en materia de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en la última década”. La abogada destacó que “el Estado mexicano continúa en deuda con las mujeres y niñas, ya que pese a las acciones realizadas no se ha logrado frenar la violencia de género, que continúa cobrando la vida de 11 mujeres todos los días”.

Por su parte, el abogado y defensor David Peña refirió que el caso ante la Corte IDH apenas comienza. En los próximos meses se enviará a la Corte el escrito con los argumentos y pruebas de la representación de las víctimas y apuntó que buscan en esta nueva resolución dimensionar que “los feminicidios son un problema de violencia e impunidad sistémica en México y que esas condiciones sistémicas han permitido la operación de grupos organizados que continúan desapareciendo y asesinando a niñas y a mujeres en nuestro país”.

“Una de las cosas que espero de la Corte es que pueda dictar medidas para que México cuente con una política real e integral para la atención de las niñas y los niños que quedan en la orfandad después de los feminicidios de sus madres, porque hoy se encuentran en una condición de desprotección” concluyó Norma Andrade.