13/02/2024 (Ciudad de México). Osiel Cárdenas, uno de los líderes históricos del Cártel del Golfo, está por salir de prisión el próximo agosto. Esto luego de que cumpliera con la condena que está purgando en una prisión en Indiana, Estados Unidos.
Según la narrativa sobre el capo que se ha generado por autoridades y especialistas, éste habría sido quien reimpulsó el Cártel del Golfo después de que su fundador, Juan García Ábrego, fuera detenido y extraditado a Estados Unidos en 1996. Este impulso, que lo habría hecho ascender como líder indiscutible del Cártel del Golfo, se ha atribuido a la emergencia del grupo criminal que inició como su guardia personal, Los Zetas.
A la sociedad entre el Cártel del Golfo y Los Zetas se le denominaba La Compañía, y juntos habrían extendido un régimen de extorsión y vigilancia en muchos municipios a lo largo y ancho del país. En estados como Coahuila y Tamaulipas, habrían ejercido un control casi total sobre distintos aspectos tradicionalmente bajo control del Estado, como la seguridad, las prisiones y la obra pública, principalmente porque contaron con la protección de los gobernadores.
Osiel Cárdenas fue detenido por las autoridades mexicanas en 2003 y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos. A partir de brindar información privilegiada de la organización criminal que lideró, se le concedió una pena reducida en 2010. Aunado a ello, originalmente, su salida estaba programada hasta 2028, pero por diversos litigios y buen comportamiento, ésta se adelantó a 2024.
En México, especialistas en violencia y periodistas han atribuido a Osiel Cárdenas una cantidad exorbitante de delitos como jefe reconocido del Cártel del Golfo y, sin embargo, sólo se le acusa penalmente por posesión de cartuchos de armas de uso exclusivo del Ejército y por posesión ilegal de arma de fuego. Aunado a ello, la semana pasada, el magistrado instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito le concedió un amparo en el primer delito debido a que éste ya prescribió según la normativa mexicana.
El amparo dejó sin efectos una resolución con la cual se había extendido una orden de aprehensión en contra del capo. De esta manera, por el momento, el caso espera la revisión y posicionamiento de un juez, mientras al capo sólo se le acusa de posesión de arma de fuego.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su mañanera de este martes 13 de febrero que, en casos como el de Osiel Cárdenas, el gobierno federal buscaría que los participantes de la delincuencia hablen a cambio de consideraciones dentro del marco de la ley en un esquema de testigos protegidos. Sin embargo, reiteró que, independientemente de esa posibilidad, no habrá impunidad para nadie.
El caso de Osiel Cárdenas pone de relieve varios problemas de la justicia asociada a las organizaciones mexicanas del crimen. El primer punto, es la capacidad que tiene Estados Unidos de disponer de la mayoría de los criminales de alto perfil, como Osiel Cárdenas, el Chapo Guzmán o Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”. Mientras que, en nuestro país, no existen muchos antecedentes de líderes criminales procesados judicialmente con éxito y que no hayan concluido en su fuga, como fue el caso del Chapo Guzmán.
Por otro lado, debido a que el sistema de justicia de Estados Unidos privilegia la clausura de casos mediante el aprisionamiento de la mayor cantidad posible de infractores de la ley, las penas que los líderes pueden llegar a negociar a cambio de información relacionada con otros miembros de sus organizaciones pueden parecer pequeñas para la responsabilidad que se les suele atribuir tanto judicial como mediáticamente.
En México, por otra parte, hasta hace no mucho se solía replicar una práctica en la elaboración de casos en contra de presuntos líderes criminales: debido a las escasas capacidades de investigación que han prevalecido en las fiscalías, muchas veces, los casos armados se basaban en delitos simples, pues eran los que se podían comprobar con la evidencia disponible. Sólo así era posible mantenerlos en prisión hasta que ocurriera su extradición casi segura a Estados Unidos.
De esta manera, se explica el por qué, al ser detenido en 2003, el caso armado en su contra tiene delitos tan simples como la posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército o posesión ilegal de armas. Lamentablemente, contemplando que han pasado más de 20 años de su detención, armar un caso en la actualidad se ve como una posibilidad aún más lejana. En ese tenor, la búsqueda del gobierno federal por la confesión e información privilegiada a cambio de ser un testigo protegido adquiere sentido.
Por último, también se observa la celeridad y preferencia del sistema de justicia mexicano cuando los casos son en contra de líderes criminales o grandes generadores de violencia, que, por lo general, tienden a acceder a juicios de amparo y otras herramientas legales que les terminan beneficiando rápidamente, a diferencia de la gran mayoría de la población.
