05/02/2024 (Ciudad de México). En El Salvador se realizaron ayer domingo unas elecciones de resultado tan previsible que desde el viernes, frente al Palacio Nacional, ya estaban instalados el escenario, los enormes parlantes y la parafernalia del oficialista partido “Nuevas Ideas”, cuyos colores son los mismos de la bandera nacional: blanco y azul.
Nayib Bukele, el actual presidente con licencia legislativa, se declaró ganador cuando apenas el conteo oficial llegaba a un tercio del total de casillas electorales. Aun así, eran tan contundentes los guarismos -85% de votación para el partido bukelista sobre votos válidos- que terminarán otorgándole una representación de 58 diputados sobre un total de 60 bancas en la Asamblea Legislativa de la República. Este dato ha sido el propio Bukele que se encargó de resaltarlo anoche con las siguientes palabras: “Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático”. No se trata de un detalle menor; hace a la esencia de la democracia representativa a la que el presidente salvadoreño formalmente se adscribe.
Según la Carta Democrática Interamericana, que todos los gobiernos a nivel continental suscribieron el año 1991 en Santiago de Chile, elevándola a categoría de documento fundamental de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su artículo 3 establece que: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entro otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Abstrayéndonos de cualquier debate sobre la naturaleza de la democracia -si representativa o participativa, si directa o delegada, si política o social, si institucional o popular- el análisis de la situación salvadoreña en cuanto a su régimen político se debe hacer según los criterios definidos en ese artículo 3.
Así fue durante los años que Bukele lleva en la presidencia desde el 2019. En estos años gran cantidad de denuncias se han presentado respecto a sus políticas de seguridad y lucha contra el crimen, que originaron sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Muchas de esas denuncias ya están radicadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dibujan los contornos de un régimen profundamente autoritario.
En cuanto a la separación e independencia de poderes, el gobierno de Bukele también las ha vulnerado. El año 2021 la mayoría bukelista en la Asamblea Legislativa intervino la Fiscalía General y la Justicia Constitucional. En mayo de ese año, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que: “la decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del país socava gravemente la democracia y el estado de derecho”. Sin escuchar estos alegatos internacionales, la mayoría oficialista que procedió a las destituciones, efectuó también los nombramientos de nuevos magistrados en la Sala Constitucional. Y fue esa Sala Constitucional la que, a fines del 2021, habilitó la candidatura de Bukele, vulnerando varios artículos de la Constitución salvadoreña que prohíbeexpresamente la reelección.
Ahora se suman a las observaciones sobre el régimen bukelista este resultado electoral monolítico que convierte al régimen salvadoreño en unipartidario, en consonancia con la absoluta falta de piso parejo electoral para todas las candidaturas, independientemente de su ideología, que participaron en esta elección. En los hechos ha fenecido “el régimen plural de partidos y organizaciones políticas” del que habla la Carta Democrática.
Un eufórico Bukele afirmó en su discurso de victoria ayer al finalizar la jornada: “Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado tal cantidad de votos, literalmente, el porcentaje más alto de toda la historia”. Casi todos los gobiernos latinoamericanos reconocieron el resultado, pero eso sólo es muestra de un pragmatismo normal en las relaciones entre Estados. Sin embargo, va a persistir el reclamo de inconstitucionalidad de su nueva presidencia y las observaciones de fondo a la integridad democrática de este proceso electoral.
