La Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) dio un nuevo revés a las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y favoreció a empresas extranjeras, a pesar de que la propuesta del ejecutivo buscaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado mexicano.

Y es que el día de ayer , con los sufragios de los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, se concedió un amparo que favorece a cinco empresas francesas.

El amparo califica de inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.

La intención de dicha ley era limitar la participación del sector privado en el ramo energético. Sin embargo, al considerar que con esas normas se violan las reglas que regulan la generación y el mercado eléctrico y mayorista, esta sala determinó declarar inconstitucional la legislación.

El resultado de la votación se definió luego de un empate, cuando Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar votaron a favor, mientras que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y, la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama lo hicieron en contra de declarar la inconstitucionalidad.

El ministro Javier Laynez Potisek se excusó de participar en la votación, debido a que él mismo ‒como funcionario del gobierno federal en su momento‒ promovió la reforma eléctrica, propuesta por el expresidente Peña Nieto.

El voto decisorio fue el de Pérez Dayán, quien preside la Segunda Sala, y se impuso gracias al “voto de calidad”.

De acuerdo al artículo 56 de la Ley de Amparo, “Cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.”

La ministra Batres Guadarrama pidió que se aplazara la votación a fin de disponer de más tiempo para el análisis del asunto, pero Pérez Dayán rechazó esa fórmula.

Las empresas a las que se concedió el amparo y que derivó en este proceso son: Recursos Solares PV de México IV S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V.

Todas ellas filiales de la matriz francesa ENGIE, empresa que tiene presencia en Europa, el continente americano y en algunos países asiáticos.

En la sesión abierta, la nueva ministra Batres aseguró que la resolución otorgaba ayudas a proveedores a las que no eran aplicables las normas que se declararían inconstitucionales.

Según su disertación, la reforma combatida regula aspectos exclusivamente de transmisión y distribución de la energía eléctrica, los cuales corresponden de manera exclusiva al Estado, mientras que las empresas extranjeras que promovieron el juicio demostraron tener interés jurídico únicamente respecto de la generación de energía eléctrica.

Por su parte, el ministro Pérez Dayán (propuesto por el expresidente Felipe Calderón, en 2012) consideró que la legislación creó una posible práctica monopólica por parte de la CFE. La sentencia también declaró inconstitucional que las plantas de la CFE puedan tener acceso a la asignación de un contrato de cobertura eléctrica mediante interconexión sin acudir a subastas, como tienen que hacer las empresas privadas, lo que implica un trato diferenciado y privilegiado que elimina un ámbito de sana competencia.

Este nuevo choque entre la SCJN y el poder ejecutivo se enmarca en un contexto mucho más amplio.

Además del litigio de las empresas francesas, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) –ONG que dirige Valerya Moy, quien también participa del podcast “Así las Cosas” de Lorete de Mola– las implicaciones de esta Ley son dañinas y van en contra del TMEC.

Estados Unidos, por su parte, señala que México viola el TMEC de cuatro maneras: al no otorgar permisos de operación a privados; al concentrar las importaciones de combustibles en empresas del Estado; al permitir que la empresa del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex) utilice combustibles más contaminantes que los que pueden usar los privados y al tener ofrecer una ventaja a las empresas del Estado a través de la LIE.

A estos señalamientos sobre el TMEC, el gobierno de Joe Biden perdió la paciencia y escaló a exigir la intervención de un panel. De fallar en contra de México, el país puede ser sujeto a aranceles o arbitrajes con las empresas afectadas.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió desde su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional. “Lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la CFE y resuelve amparos a favor de empresas particulares extranjeras”, expresó.

El primer mandatario reprochó la decisión de la Corte, pues consideró que esto representa un obstáculo en el avance del desarrollo económico para el pueblo mexicano, pues señaló que “cada vez que hay una iniciativa para poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro, cada vez que se busca proteger al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial”.