La demanda forma parte de una estrategia legal y diplomática más amplia en contra del flujo de armas
23/01/2024 (Ciudad de México). Este lunes 22 de enero se anunció un giro favorable para la demanda que el Estado mexicano ha impulsado en los tribunales norteamericanos en contra de empresas fabricantes de armas de aquel país. Se trata de la aceptación a la apelación emitida por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito basada en Boston, Massachusetts, la cual implica que se mantiene vigente la querella impulsada desde el año 2021. Esto luego de que en septiembre de 2022 ocurriera el primer intento de desestimación realizada por una Corte en Boston.
El camino ha estado accidentado; sin embargo, la aceptación de la apelación no deja de ser una buena noticia e implica que el Estado mexicano podría llevar a juicio a algunas de las más importantes empresas de armas norteamericanas debido su papel en el tráfico de armamento que nutre la violencia relacionada al crimen organizado en nuestro país.
La demanda fue impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) aún bajo responsabilidad del exsecretario y exprecandidato Marcelo Ebrard. Hoy, la demanda es coordinada por Alejandro Celorio Alcántara, consejero Jurídico de una SRE dirigida por Alicia Bárcena. La estrategia es una sola y mantiene continuidad.
Esta y otra demanda promovida en los tribunales de Tucson, Arizona, forman parte de las acciones en el marco de una estrategia legal del gobierno de la Cuarta Transformación en contra del mercado transnacional de armas, tanto legal como ilegal, con miras a que se le retribuya al pueblo de México – quizás de manera simbólica y anecdótica – parte del flagelo provocado por el tráfico transfronterizo de armas.
Al mismo tiempo, la fecha en la cual se coloca de relieve la aceptación de esta apelación coincide con una denuncia que realiza Alicia Bárcena sobre el ingreso de armas “de uso exclusivo del Ejército estadounidense” en territorio mexicano, las cuales también terminan en manos del crimen organizado. En ese sentido, la búsqueda del gobierno de la 4T por resaltar discursiva y legalmente esta responsabilidad parece manifestarse en diversos frentes.
Las empresas que se enlistan en la demanda son Smith & Wesson Brands Inc, Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp., Glock Inc., Sturm, Ruger & Company Inc, Witmer Public Safety Group Inc, Interstate Arms, Century International Arms Inc, Beretta Holding Spa, Glock Ges MBH y Colt Manufacturing LLC, varios de ellos nombres muy conocidos debido la facilidad con la que suelen circular en el mercado de drogas estadounidense, tanto legal como ilegal.
Según la estrategia implementada, las empresas norteamericanas de armas señaladas fabrican y comercian de manera “legal” diversos productos en su territorio, pero con la intención clara de que terminen en manos de miembros de las organizaciones criminales mexicanas. Ello se ve reflejado, incluso, en la iconografía propia de los cárteles mexicanos que se integra en la fabricación de las armas desde su origen, la cual resulta posible evidencia del dolo en la construcción de un nicho de mercado en las organizaciones criminales.
Sin embargo, el flujo del mercado de las armas resulta complejo y las necesidades son muchas. La noticia de que podría existir un flujo de armamento proveniente también de instituciones norteamericanas como el Ejército pone de relieve el alcance transnacional de las organizaciones criminales mexicanas, el cual parece rebasar por mucho a las instituciones del Estado mexicano.
De tal suerte, la demanda parece buscar posicionar el debate de la responsabilidad del Estado norteamericano en la violencia generada en nuestro país. Es decir, más allá de la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, las acciones diplomáticas y legales implementadas por el Gobierno Federal buscan responsabilizar al Estado norteamericano por su papel en el desarrollo de la violencia criminal en nuestro territorio.
Al respecto, la canciller señaló durante la mañanera de este lunes 22 de enero que ya había solicitado al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, que se realizara una investigación para encontrar a los responsables de este flujo de armas. Además, dijo que se tenía programada otra reunión con funcionarios de alto nivel en febrero para volver a abordar el tema.
