09/01/2024 (Ciudad de México). Pasaron apenas 47 días desde que Daniel Noboa asumió como presidente del Ecuador y ya afronta su primera crisis de seguridad ciudadana. Convertido a sus 36 años en el más joven mandatario en la historia del país, no tiene ninguna experiencia en gestión pública, menos en un área tan compleja como es la lucha contra el crimen. En los primeros días de su mandato, depositó una enorme confianza en una respetada abogada penalista y criminóloga, nacida en el Estado de Durango (México) y que vive desde sus 21 años en Ecuador: Mónica Palencia. Noboa le otorgó la nacionalidad ecuatoriana e inmediatamente la designó ministra encargada de gobierno y del interior, nada menos que los dos cargos más importantes en el área de seguridad. Arrancó con declaraciones impactantes (“Ecuador está en guerra contra la delincuencia organizada, la minería ilegal y las actividades terroristas”), pero fue perdiendo impulso según pasaban los días y no presentaba el prometido “Plan Fénix” que Noboa ofreció en campaña.
Ante los cuestionamientos de autoridades como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que pidió conocer el mentado plan, o de aliados coyunturales de Noboa como como el ex candidato presidencial Jan Tópic, que reclamó mayores acciones gubernamentales y resultados, la ministra Palencia respondió que para la dotación de implementos a los policías, la construcción de varias megacárceles y el funcionamiento de la Central de Inteligencia para prevenir delitos, responder a emergencias y garantizar la seguridad en los barrios, “estamos supeditados a que nos entren 900 millones de dólares, por eso dependemos tanto de la Ley Económica Urgente”.
En el mes de enero ocurrieron varias matanzas en vía pública cometidos por bandas criminales. La más grave ocurrió cerca de Guayaquil, cuando seis personas fueron acribilladas por un grupo de pistoleros. Desde 2018 los asesinatos se han cuadruplicado en Ecuador, un país caracterizado por un buen sistema de seguridad durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017).
El presidente Noboa buscó retomar la iniciativa enviando a la Corte Constitucional el proyecto de plebiscito con 11 preguntas sobre temas de seguridad ciudadana y reforma del sistema judicial. La pregunta más importante hace referencia a que los militares puedan intervenir en el control interno, para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional. Otra pregunta apunta a otorgar inmunidad judicial a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad, por actos ejecutados con uso de la fuerza.
Pero en estos últimos días la situación dio un vuelco fundamental cuando seis cárceles fueron tomadas por presos amotinados. Y empeoró aún más cuando, aprovechando este descontrol penitenciario, José Adolfo Macías, alias “El Fito”, el narcodelincuente más peligroso del Ecuador y cabecilla de una de las bandas criminales, fugó de la prisión de Guayaquil.
Ante la gravedad del hecho, que sorprendió a su gobierno y levantó sospechas de que hubo filtraciones de información a los grupos de narcotraficantes sobre una operación preventiva policial en las cárceles y el traslado de los jefes mafiosos a otros recintos de mayor seguridad, el presidente Daniel Noboa decretó a nivel nacional el Estado de Excepción, que incluye un toque de queda por dos meses.
Mientras la policía con respaldo militar intenta retomar las cárceles, los guardias penitenciarios, tomados como rehenes por los criminales, clamaban por sus vidas en dramáticos contactos con medios de comunicación.
En varias ciudades se reportaron incendios de vehículos en vía pública. En Guayaquil –convertido en el foco más violento- grupos armados tomaron una parte de la Universidad pública, lo mismo que un canal de televisión (Telecentro de Ecuador) fue violentado cuando transmitía su informativo.
A estas horas, el país continúa en situación de conmoción interna.
